EL NUEVO DIARIO, GINEBRA.- Un grupo de relatores de las Naciones Unidas instó hoy a Estados Unidos a proteger a los defensores de derechos humanos ante la posible deportación de una activista mexicana que lucha por el respeto de los derechos de los inmigrantes.
En un comunicado, los expertos explicaron que Maru Mora Villalpando, que reside en EEUU desde 1996, se enfrenta a un procedimiento de deportación después de encabezar una campaña de alto perfil contra presuntas violaciones de derechos humanos en un centro de detención de inmigrantes operado por una empresa privada en nombre del Gobierno estadounidense.
«La notificación a la activista de comparecer en el proceso de deportación, recibida sin previo aviso, parece estar relacionada con su trabajo en defensa de los derechos de los inmigrantes en detención», afirmaron los expertos.
«Urgimos al Gobierno de los Estados Unidos a proteger y asegurar los derechos de Maru Mora como defensora y también su derecho a vivir en familia», agregaron.
Los expertos consideran que las autoridades deberían tomar «todas las medidas necesarias para asegurar que no se toma ninguna acción como represalia contra la activista por haber denunciado la violación de derechos humanos de inmigrantes, especialmente teniendo en cuenta las condiciones de detención en estos centros».
Además, los relatores mostraron su preocupación ya que el caso de Maru Mora parece formar parte de un patrón.
«La notificación en procesos de deportación parece ser parte de un patrón creciente de intimidación y represalia contra las personas que defienden los derechos de los migrantes en Estados Unidos», sostuvo el grupo de expertos.
En este sentido, opinaron que las personas que trabajan de forma legítima para proteger los derechos de los inmigrantes «no deberían ser coaccionadas ni silenciadas» y que, por el contrario, «deberían defenderse sus derechos para que puedan continuar desarrollando su rol vital».
La activista, que tiene una hija de nacionalidad estadounidense, es cofundadora de un grupo de derechos humanos que funciona como un observatorio de las condiciones de los inmigrantes en el Centro de Detención Northwest en Tacoma, Washington.
Mora trasladó la cuestión al Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde alegó la violación de los derechos de los inmigrantes por parte de la empresa que opera el centro.
Los expertos también trasladaron al centro la necesidad de cumplir con los estándares internacionales y recordaron al Gobierno su obligación de supervisar este servicio privatizado.
