EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MEXICO.- Varias ONG y organizaciones defensoras de los derechos humanos lamentaron este martes el incendio en la estación fronteriza de Ciudad Juárez que acabó con la vida de 39 migrantes y señalaron al Estado como responsable de las muertes, al considerar que se encontraban bajo su responsabilidad.
«Es muy difícil explicar cómo mueren 39 personas en un incendio en un centro de detención migratoria sin que haya una gran negligencia criminal por parte de las autoridades mexicanas», dijo Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch (HRW) México en declaraciones a EFE.
Por ello, Mattiace instó a que se lleve a cabo una investigación criminal para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios y oficiales que se encontraban en el centro custodiando a los migrantes.
Los 39 migrantes, cifra oficial, murieron la noche del pasado lunes producto de un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos y 29 resultaron heridos.
En su rueda de prensa diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a los migrantes al asegurar que el incendio se inició cuando, al enterarse de que iban a ser deportados, prendieron fuego a colchonetas.
Además, se refirió al lugar de los hechos como un albergue de migrantes, cuando en realidad se sucedió en un centro migratorio del Estado.
«Las personas migrantes estaba privadas de su libertad por autoridades y por tanto el Estado es garante de su vida. Esto no se diluye señalando que estaban ‘retenidos’ en un ‘área de aseguramiento temporal’ ni insistiendo en que ‘protestaban'», denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su cuenta de Twitter.
En la misma línea, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas señaló en un comunicado que las instalaciones estaban custodiadas por autoridades migratorias y pidieron que se realice «una investigación exhaustiva que deduzca responsabilidades».
La ONG International Comitee Rescue (IRC) definió la noticia como «devastadora» y exhortó a garantizar de manera urgente «sistemas para brindar seguridad a las personas que necesitan protección internacional».
En tanto, el opositor Partido Acción Nacional (PAN) fue más allá y demandó la renuncia del canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el comisionado del INM, Francisco Garduño, por lo que consideraron un «crimen de Estado».
Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que la «irresponsabilidad e ineficiencia del Gobierno sigue costando vidas» y exigió que se depuren a quienes por acción u omisión resulten responsables.
