EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR.- La organización no gubernamental Cristosal atendió a 441 personas desplazadas en El Salvador por la violencia de las pandillas y miembros de las fuerzas de seguridad entre marzo de 2022 y mayo de 2023, a pesar de la vigencia en el país de un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales.
La abogada Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, señaló, durante la presentación de un informe sobre muertes bajo custodia del Estado durante el primer año de la medida de excepción, que «ahora los policías y militares son responsables del 21,7 % de los desplazamientos que conoce Cristosal».
Señaló que el 56,2 % de los desplazamientos «sigue siendo cometido por las pandillas», esto «nos genera el cuestionamiento con respecto a la efectividad de esta política», en referencia al régimen de excepción.
Los datos compartidos son del periodo del 27 de marzo de 2022 al 29 de mayo de 2023, de acuerdo el informe de Cristosal.
El documento también revela que al menos 160 personas, en su mayoría jóvenes, han fallecido en El Salvador bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado durante la polémica medida del régimen de excepción, implementada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para ‘compartir’ a las pandillas.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó el 16 de mayo la decimocuarta prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022, tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 69,000 detenidos.
Organizaciones humanitarias registraron hasta mediados de marzo al menos 5,082 «víctimas directas» de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.
