Ello al considerar que «muchos de los cuestionamientos al proceso electoral podrían haberse evitado si se hubiera contado con un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional» a las interrogantes planteadas, como lo manda la Carta Magna y lo exigían grupos de oposición.
El expresidente Rafael Correa, que propugnó el No en la consulta, incluso la calificó de «inconstitucional» porque algunas preguntas vulneraban derechos y contradecían la Carta Magna, pero fracasó en un intento de frenarla y exigir el pronunciamiento oficial del tribunal antes de convocar la consulta.
Por eso, frente a recursos legales pendientes presentados sobre la legalidad de las preguntas, la misión de la OEA estimó que era «importante» que la Corte Constitucional, finalmente, «emita un pronunciamiento de fondo sobre la materia».
Asimismo, en un informe preliminar, la misión recomendó en su informe «fortalecer el marco normativo que rige los procesos de democracia directa, incorporando lineamientos que vigilen la correcta formulación de las preguntas y garanticen la viabilidad de implementación de los resultados, previo a la celebración de la consulta».
La OEA también felicitó a los electores ecuatorianos por una jornada tranquila, pero advirtió de fallos en el proceso y sugirió mejoras.
El jefe de dicha misión, el expresidente del Instituto Electoral de México Leonardo Valdés Zurita, explicó que su delegación, integrada por nueve expertos, elaboró el informe tras observar pormenores del proceso y conversar con autoridades electorales, del Gobierno, de las campañas registradas por el Sí y por el No, así como con actores de la sociedad civil y de la academia.
Las reformas aprobadas en la consulta y referendo están relacionadas con la inhabilitación política de personas condenadas por actos de corrupción, la eliminación de la reelección indefinida y la reestructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Asimismo, por la no prescripción de delitos sexuales contra niños y adolescentes, la prohibición de la minería metálica, la derogación de la llamada «Ley de la Plusvalía» y la reducción del área de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía.
Estos temas fueron sometidos a consideración popular por medio de cinco preguntas vía referéndum y dos por consulta popular, bajo la iniciativa del presiente ecuatoriano, Lenín Moreno.
La misión de la OEA sugirió que a futuro, en este tipo de casos, se analice la creación de comités (uno por el Sí y otro por el No) que agrupen a organizaciones políticas y sociales afines.
También recomendó usar dos papeletas y no sólo una cuando haya preguntas del ámbito de referendo (enmiendas constitucionales) y de consulta (reformas a normativas menores).
Aunque la OEA ha lamentado en el pasado el uso político de las encuestas a boca de urna (exit poll) para anticipar resultados extraoficiales, dijo en este caso que «ve con preocupación que la posibilidad de ser sujeto a sanciones judiciales haya limitado el libre ejercicio» de la profesión de los encuestadores.
La OEA fue una de las cuatro organizaciones internacionales invitadas para observar el proceso de votaciones, junto a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB, por sus siglas en inglés).
Por EFE
