OBLIGATORIEDAD DE LA FUERZA PÚBLICA PARA TRABAR EMBARGOS RETENTIVOS DE CARA A LA NUEVA LEY 396-19

Por Richard Martínez Amparo martes 3 de diciembre, 2019

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Richard Martínez Amparo Richard Martínez Amparo

En el pasado mes de octubre del presente año fue publicada la Ley 396-19 que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias (en lo adelante “Ley 396-19”). Esta Ley es fruto de la Sentencia TC/0110/13 mediante la cual el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Resolución No. 14379 de fecha 11 de noviembre del año 2005 dictada por la Procuraduría General de la República con la misma finalidad de organizar y regular los procesos ejecutorios en el país.

Dicho esto, es bueno aclarar que a través del presente artículo pretendemos analizar únicamente si en virtud de la Ley 396-19 procede solicitar el auxilio fuerza pública al Ministerio Público previo a trabar un embargo retentivo u oposición en manos de terceros, siendo necesario resaltar que esta Ley otorga nuevamente la facultad a los alguaciles para la instrumentación de las actas de embargo de cualquier naturaleza.

En este sentido, un primer elemento de gran importancia es conocer cuál fue la motivación del legislador para aprobar la referida Ley 396-19. La respuesta a esta inquietud se encuentra en su considerando octavo, al establecer claramente que se busca “evitar la alteración del orden público y la paz pública, así como regular situaciones que, dejadas a la libertad de las partes y de los ministeriales requeridos por estas, pudieran generar situaciones complejas, que exponen a las personas ligadas a dichos actos a riesgos en su integridad física”.

Posteriormente, la misma Ley 396-19 en el artículo primero consagra que su objeto es “asegurar la legalidad y la razonabilidad de las actuaciones de los ministeriales actuantes y agentes que lo asistieren en el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias”.

De lo anterior, podemos inferir que la clara intención del legislador con la Ley 396-19 es evitar el caos generado por ejecuciones (ya sean conservatorias o ejecutorias) abusivas y arbitrarias que puedan poner en riesgo la integridad física de cualquier persona vinculada a dichos procesos y que pueda estar presente al momento de una ejecución. Por otra parte, con el auxilio de la fuerza pública se asegura una especie de filtro de legalidad y control de las actuaciones de los ministeriales y de las personas que puedan asistirles en los procesos de ejecución.

En cuanto al ámbito de aplicación, se ha establecido que esta es aplicable para la ejecución de las medidas conservatorias y ejecutorias sobre muebles e inmuebles, así como a los actos comprobatorios propios de los embargos y apropiaciones inmobiliarias y desalojos de inmuebles, y demás medidas para las cuales se requiera la presencia de la fuerza pública.

De ahí que, al ser considerada como una medida conservatoria, surge la interrogante sobre si se encuentra el embargo retentivo u oposición dentro del ámbito de aplicación de la Ley 396-19. Para responder esto, resulta de suma importancia vincularlo a lo señalado anteriormente respecto de la motivación y objeto del legislador con la promulgación de la Ley 396-19.

Aunque ciertamente en su primera fase el embargo retentivo u oposición es una medida conservatoria, no menos cierto es que la Ley 396-19 tuvo como motivación y objeto el evitar situaciones de caos y proteger la integridad física de las personas que se vean envueltas en un proceso de ejecución irregular, lo que evidentemente no tiene ningún tipo de vinculación a la naturaleza del embargo retentivo u oposición, pues por su naturaleza simplemente se trata de una notificación por parte de un acreedor a terceros que puedan tener “sumas y efectos” pertenecientes a su deudor (artículo 557 del Código de Procedimiento Civil).

Por otra parte, en el capítulo III, sección II de la Ley 396-19 desde el artículo 9 hasta su artículo 12, se regula todo lo relativo a la solicitud de fuerza pública para trabar medidas conservatorias. Específicamente, de los artículos 9 y 10 se desprende que la solicitud debe ser firmada por el ministerial actuante designado por el acreedor para la ejecución, la que entre otras cosas, debe establecer los nombres y datos generales de las personas que le acompañarán en el proceso de ejecución de la medida.

Sin dudas, conforme a los requisitos descritos en el artículo 9 de la Ley en lo relativo a las solicitudes de fuerza pública para trabar medidas conservatorias, podemos interpretar que se trata de una regulación expresa para embargos conservatorios, pues para trabar la referida medida de embargo retentivo u oposición, el ministerial actuante no necesita el acompañamiento de ninguna persona para la instrumentación de dicho acto, contrario un proceso de embargo conservatorio, en el que el ministerial si se hace acompañar de personas y tiene que designar un guardián de los bienes embargados.

Adicionalmente, en los artículos 11 y 12 se trata el traslado de bienes y la calidad de guardián, haciendo clara referencia y mención a los embargos conservatorios. Es por esto que entendemos que al referirse a medidas conservatorias en la Ley 396-19, el legislador lo hizo en consonancia al libro II, título I del Código de Procedimiento Civil, identificado como “de las medidas conservatorias facultativas previas a la demanda”, en el que a partir del artículo 48 y siguientes se trata lo relativo a la instrumentación y validación de los embargos conservatorios en República Dominicana.

De manera que, en atención a la motivación para la creación de la ley, así como por el objeto de la misma y de los requisitos para solicitar la fuerza pública para medidas conservatorias, podemos concluir que el embargo retentivo u oposición se encuentra excluido del ámbito de aplicación de la Ley 396-19, ya que esta se limita a regular expresamente el embargo conservatorio.

Sin embargo, recientemente el Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en sus atribuciones de Juez de los referimientos, dictó una Ordenanza en ocasión a una demanda en referimiento en levantamiento de embargo retentivo u oposición, mediante la cual ordenó el levantamiento del mismo bajo el argumento de que la Ley 396-19 exige el auxilio de la fuerza pública para trabar medidas conservatorias, lo que constituye una interpretación alejada del espíritu de dicha legislación, pues como explicamos anteriormente, la misma es aplicable a los procedimientos de embargos conservatorios, más no así a los embargos retentivos u oposiciones a pago.

Es por el peligroso precedente antes descrito que entendemos de vital importancia que el Congreso Nacional modifique la Ley 396-19, específicamente en su artículo 3, para incluir de manera expresa dentro de las excepciones del ámbito de aplicación de la misma lo relativo al embargo retentivo u oposición a fines de evitar incorrectas interpretaciones que puedan vulnerar el derecho a una tutela judicial efectiva y poner en riesgo los derechos que le asisten a cualquier acreedor, pues exigir la fuerza pública para trabar un embargo retentivo u oposición constituye un total quebranto a la razonabilidad que debe imperar en buen derecho en estos procesos.

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