EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La fiscal del Nueva York, Letitia James, celebró este jueves en una rueda de prensa la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en contra de la controvertida pregunta sobre la ciudadanía que la Administración del presidente Donald Trump quería incluir en el censo de 2020.
Una pregunta tachada de «racista y discriminatoria» por numerosas ONG y que había desatado el temor de ciudades como Nueva York, con una gran población migrante e indocumentada, que se veían abocadas a evitar registrarse en el censo por miedo a represalias.
Su inclusión supondría, según sus críticos, que cientos de miles de personas no fueran registradas, lo que en términos reales, según contó James a Efe, sería la pérdida de miles de millones de dólares en fondos federales y la pérdida de entre uno y dos escaños en el Congreso de Estados Unidos.
«Todas y cada una de las personas de este país se merecen ser contadas, es así de claro y simple. Hoy estamos satisfechos con la decisión del Tribunal Supremo», dijo James en una comparecencia ante los medios celebrada frente a los juzgados de la ciudad junto a varios representantes políticos y sindicalistas.
Para Ángela Fernández, comisaria de la división de derechos humanos en el estado de Nueva York, «esta decisión es una victoria».
«La Corte Suprema ha dicho que el censo no debe tener la pregunta de la ciudadanía en la aplicación. Esto es algo que ya se decidió hace muchísimas décadas y el hecho de incluir esta pregunta de nuevo es realmente un acto fallido del Gobierno Federal de tratar de oprimir», dijo Fernández a Efe.
Fernández, para quien está «claro» que la inclusión de esa pregunta estaba dirigida contra las zonas con mayor presencia de inmigrantes y predominantemente controladas por el Partido Demócrata, insistió en su satisfacción por dicha decisión judicial porque «las personas pueden seguir seguras y pueden ser contadas».
Sin embargo, el líder sindicalista Víctor Figueroa, del sindicato de servicios 32BJ, advirtió en declaraciones a Efe que «la lucha sigue para que se nos cuente a los inmigrantes».
Figueroa, al igual que la fiscal estatal, no descarta que la Administración de Donald Trump intente por otros medios incluir la pregunta en los formularios del censo, por lo que insistió en que «vamos a seguir vigilantes y vamos a seguir organizándonos» para evitar que eso ocurra.
«Creemos que el Departamento de Comercio (responsable de elaborar el censo) tiene que actuar con responsabilidad», dijo Figueroa, antes de apuntar que de acuerdo al fallo del Tribunal Supremo, el departamento debería poner sus esfuerzos en que todos los ciudadanos fueran contados.
Cinco de los nueve jueces del máximo tribunal de EE.UU. consideraron que las «pruebas cuentan una historia que no coincide con la explicación que dio el secretario de Comercio, Wilbur Ross, de su decisión», por lo que solicitaron que el Departamento de Comercio proporcione otra explicación que justifique la inclusión de esa pregunta.
Al incluir la posibilidad de adjuntar una nueva justificación, la decisión del Tribunal no pone punto y final a esta disputa legal, que podría prolongarse durante gran parte del verano, poniendo en peligro el calendario para imprimir el cuestionario del censo.
Ante esta eventualidad, la fiscal de Nueva York considera que no hay tiempo suficiente para someter una nueva explicación y que en caso de que se hiciera se podría retrasar el comienzo del censo, poniendo en riesgo su adecuada ejecución.
La medida ya había sido bloqueada por tres jueces federales, incluyendo Jesse M. Furman, de Nueva York, por considerarla ilegal.
Del censo depende el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes de EE.UU. y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.
La polémica ha vivido un nuevo episodio en las últimas semanas después de que saliera a la luz un informe elaborado por Thomas Hofeller, un estratega del Partido Republicano fallecido en agosto de 2018, en el que recomendaba incluir en el censo esa consulta para así poder rediseñar los distritos electorales de manera favorable a los intereses de la formación conservadora.
La población total estimada de Estados Unidos por el censo para 2017 fue de 325,7 millones, con un 14 % de inmigrantes.
