En el gobierno del PRM los procesos de “construcción, de reestructuración y de cambio institucional” se han estado subordinando a alianzas público-privadas y a fideicomisos.
Quiérase o no las alianzas público-privadas y los fideicomisos son vías o mecanismos de privatización de actividades públicas
Así hay un fideicomiso para Punta Catalina y otro para el pretendido proceso de reestructuración o transformación, profesionalización e institucionalización de la Policía Nacional.
Ciertamente la Policía Nacional -con los problemas estructurales que tiene que hablan muy mal de una institución encargada por mandato de la ley, de mantener, resguardar y proteger el orden público- tiene que ser sometida por necesidad a una cirugía cuasi total.
Es decir, las bases o raíces del desorden público e inseguridad pública y ciudadana no deben estar jamás en el seno de la Policía Nacional.
Pero cuando ese proceso de cambiar el statu quo de la Policía Nacional se hace depender de una figura eminentemente comercial como el fideicomiso se está desvirtuando y negando la intención o el propósito primero de un proceso llamado, según el gobierno, a “transformar, profesionalizar e institucionalizar” la Policía Nacional.
El fideicomiso anunciado convierte per se a la Policía Nacional, una institución totalmente estatal y de orden público según la Constitución y la ley, en una institución regenteada o dirigida por el sector privado a partir del fideicomiso de referencia.
Mediante un fideicomiso no se puede ni se debe desvirtuar el carácter o naturaleza estatal y de orden público de la Policía Nacional, de acuerdo a la normativa constitucional y legal vigente.
El sector privado no puede ni debe ser empoderado para que sea él quien dirija la Policía Nacional, es decir, el sector privado no puede ni debe ser juez.
La Policía Nacional tiene que cumplir con su función primera: perseguir y reprimir el delito no importa cuál sea su manifestación en la sociedad
Claro, que aún cuando la Policía Nacional tiene esa función primera, eso no significa, en modo alguno, que agentes de la Policía no puedan estar involucrados en la figura del delito.
Hemos visto, sobre todo, en estos días cómo altos oficiales de la Policía Nacional y de la Defensa han estado vinculados a actos de corrupción y de contrabando de drogas al más alto nivel. Verbigracia: el caso Coral 5G
El sector privado es parte involucrada potencialmente en la figura del delito, por lo que no puede ser juez.
¡No malogremos el orden constitucional y legal!
En otras palabras, no procede la privatización de la Policía Nacional.
Como no procede la privatización de Punta Catalina mediante la figura del fideicomiso.
Pero los que van a estar al frente del proceso de “modernización, profesionalización e institucionalización” de la Policía Nacional tienen que ser funcionarios, incluyendo el director de la Policía Nacional, con una clara visión del proceso que se pretende impulsar.
El actual director de la Policía Nacional no está mentalmente preparado para ese proceso, es decir, está falto de la formación que se requiere para contribuir a impulsar un proceso de esa naturaleza.
La fatídica y aventurera expresión de que “los hijos de madres solteras no están preparados para ser miembros de la Policía Nacional o no pueden ser aceptados para ser policías” lo descalifican totalmente para ser director de la Policía y mucho más para intervenir como protagonista o factor de decisión en el “pretendido o anhelado proceso de renovación, profesionalización e institucionalización de la Policía Nacional”.
El país necesita y desea que se impulse un verdadero proceso para someter al orden a la Policía Nacional.
POR EL DR. VÍCTOR MANUEL PEÑA
*El autor es economista, abogado y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP).