EL NUEVO DIARIO, MANAGUA.- El Gobierno de Nicaragua excarceló este viernes a 1.035 presos comunes, en conmemoración del Día del Padre, que el país centroamericano celebra cada 23 de junio.
«Más de mil presos están siendo favorecidos con el beneficio de convivencia familiar en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional», dijo la ministra de Gobernación, María Coronel, durante una ceremonia religiosa en una sede del Sistema Penitenciario Nacional, donde los convictos fueron entregados a sus familiares.
Entre los presos beneficiados se encuentran 9 mujeres.
La excarcelación de presos comunes fue ejecutada dos días antes de la fecha prevista por la vicepresidenta Rosario Murillo, quien calificó la decisión como «una obra de misericordia» por parte de su esposo, el presidente Daniel Ortega.
El gobernante nicaragüense ha sido criticado por la decisión, pues diversos sectores sostienen que ha preferido excarcelar a personas que estaban encerradas por cometer delitos antes que cumplir su compromiso de liberar a todos los «presos políticos» encarcelados por criticar su Gobierno.
Según un acuerdo firmado entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en marzo pasado, Ortega debía liberar a más tardar el 18 de junio a «todos» los «presos políticos» que había encarcelado desde el 18 de abril de 2018, en el marco de la crisis sociopolítica local.
De acuerdo con la Alianza Cívica, hasta ahora Ortega ha excarcelado a 620 «presos políticos», pero mantiene en prisión a más de 80. La Unidad Nacional Azul y Blanco ha advertido de la captura de decenas de manifestantes en las últimas semanas, que podrían elevar la cantidad a más de un centenar.
Desde diciembre pasado, el Gobierno ha enviado a sus casas a 2.842 personas que estaban presas por haber cometido delitos.
Con los excarcelados este viernes la cantidad de presos comunes beneficiados desde finales de 2018 es de 3.877.
Desde abril de 2018, Nicaragua sufre una crisis sociopolítica que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dejado 326 muertos. Organismos humanitarios locales cuentan hasta 594 víctimas. El Gobierno reconoce 200, en medio de acusaciones de crímenes de «lesa humanidad».
