La Cadena de Custodia es una serie de procedimientos que encaminan a la correcta y adecuada preservación de evidencias, desde su descubrimiento en el lugar de los hechos hasta que se ordene su conclusión. Esta analiza y recolecta pruebas durante una investigación. Categoriza el proceso descansando en el manejo de evidencias que relatan cómo estos han ocurrid. Tiene la finalidad de que las pruebas no se alteren, desaparezcan, modifiquen o destruyan. Es el zócalo más importante del proceso acusatorio, ya que tiene como base la autenticidad de la evidencia.
El CPP no prioriza ni organiza la Cadena de Custodia, la cual es el centro de toda investigación penal. Esta forma conlleva a que la Policía Nacional y el Ministerio Público utilicen a su antojo parte del proceso acusatorio, teniendo a un juez soberano que fallará de acuerdo a su valoración, a la falta de un sistema de una cadena organizada, que muchas veces su obtención viola los derechos del ciudadano.
El sistema acusatorio penal está dirigido a un juicio sobre la prueba, que muchas veces se vicia por desconocimientos de un método de recolección adecuado. Desde el inicio de su recolección hasta el final para su presentación se vislumbra su contaminación, no llevando embalajes correctos, desuso de guantes, forma transportación, entre otras, que hacen perder la autenticidad de esta.
Para que se lleve un proceso penal orientado a la realidad, se deben conservar las pruebas hasta el punto de mantenerlas tal y como fueron recolectadas.
En Diciembre del 2009, se hiso necesario crear un departamento para guardar las pruebas y mantener control sobre esta, por tal razón se inauguró la Oficina de Control de Evidencias de la Fiscalía del Distrito, garantizando que las pruebas obtenidas se mantendrían lo menos manipuladas posibles. Hoy en día los problemas por las cual esta fue creada persisten.
La falta de normas que regulen la cadena de custodia, hace que personas involucradas en delitos sean absueltas, mientras, la sociedad condena nuestro sistema judicial por lo débil que se vuelve al momento de decidir sobre estas. La necesidad de implementar nuevos mecanismos de recolección de pruebas se hace necesaria, ya que su forma de obtención debilita nuestro sistema, muchas veces violentando el principio de legalidad de la prueba.
El artículo 26 del Código Procesal Penal, cita la legalidad de la prueba como circunstancia propicia, inclusive, de invocar la nulidad de ese acto, en cualquier estado de causa. De ese sentido, se entiende la necesidad de que las pruebas que sean presentadas ante el juez, sean las verdaderamente halladas en el lugar del delito.
Las razones anteriores obligan a que nuestra Policía Nacional y el Ministerio Publico, implementen nuevos mecanismos de investigación. Mientras estas problemáticas no sean atendidas, seguirán existiendo infractores que se beneficiaran de la debilidad de nuestro sistema penal.