Después del prioritario asunto sanitario –el coronavirus- por sus implicaciones sociales, económicas y de salud mental, dos temas se a galopan o, se nos vienen encima: a) el de las elecciones congresuales y presidenciales que una franja de la oposición -el BIS, de José Francisco Peña Guaba, y un bloque de partidos, bajo la denominación FOPPPREDON, (sin importar sus motivaciones explicitas o implícitas)- ha puesto sobre el tapete; y b) al que no se le ha querido poner nombre: reforma constitucional. La primera, cuyo patentario ha sido más que insistente-coherente, ha encontrado más de uno –políticos, encuestologo y “periodistas’ (o más bien, “político de la secreta”)- que habiéndola hecho pública y sometiéndola a la JCE –que, al fin, ha hecho bien acogiéndola y sometiéndola a la consideración u opinión de todos los partidos políticos reconocidos-, le niegan, por puro interés político-estratégico o mezquindad politiquera, su patente-invención, adrede, y se la arrogan a un interés del partido oficial dizque para, como escribió un encuestologo, “….mejorar su situación competitiva, ganando tiempo”. De donde se desprende, que mas que una grosera manipulación e irresponsabilidad intelectual, estamos ante una vulgar falta de honestidad periodística -deontológica- tanto del “encuestologo” como de los demás “hacedores de opinión pública”.
El segundo tema podría ser una consecuencia, lógica deductiva, del primero, pues, las fechas y los plazos eleccionarios están bien estipulados en la Constitución vigente, y salvo un acuerdo o pacto político –que luego sea refrendado en una reforma- no hay forma de dar visos de legalidad a lo que no figura con categoría de excepción o “sucesión” taxativa-estipulada. Por ello, digo, que ese nombre –el de una reforma-, tarde o temprano, saldrá a la luz pública como orden del día (so pena de una crisis). De modo, que a lo que tanto se opusieron -con marchas, mítines, consignas (“No hay marcha atrás”) y discursos de hojalata, etc.- ahora, por un evento global-foráneo imprevisto, aflora y prácticamente nos obliga al debate; por supuesto, sin perder de vista lo urgente: la crisis sanitaria.
Lógicamente, lo ideal sería que superáramos, pronto, la crisis sanitaria, pero la realidad es que no hemos entrado, siquiera, en la fase de pico alto de padecimiento-propagación, por lo que se hace cuesta arriba hacer pronóstico -científico-asertivo- sobre una posible curva decreciente, en tal o cual tiempo, de la pandemia y, en consecuencia, lo que se impone es cerrar filas -¡todos!- con las autoridades para contribuir a que las medidas sanitarias, de ayuda alimentaria-económica gubernamental y de contención social, logren sus objetivos. Por supuesto, las autoridades, deben ser receptivas a toda iniciativa de ayuda o propuestas de los distintos sectores de la sociedad, como se han venido manifestando, así como de los actores políticos despojados de politiquería-electoral.
Y, desde esa triple perspectiva, cobra pertinencia la propuesta del BIS y la que nadie se atreve a ponerle nombre: reforma constitucional. ¡Piénsenlo!
Por Francisco S. Cruz