Después de haber leído el contenido del Pacto Migratorio propuesto por la Organización de las Naciones Unidas para garantizar la migración segura de las personas que por distintas razones deciden o son obligadas a trasladarse desde sus países de orígenes hacia otros de mayor desarrollo o que les resulta más conveniente o atractivos, hemos encontrado que:
Dentro de las preocupaciones que sirven de base al pacto propuesto, están la combatir o evitar la trata de personas, atacar las estafas de grupos dedicados a ofrecer falsa ayuda a gente que desea emigrar, la de garantizar los derechos humanos de los migrantes en los países de acogidas.
El documento reconoce el derecho soberano de cada país a repatriar a los nacionales de otras naciones y reclama que estas repatriaciones se hagan conforme al respeto de los derechos humanos y la dignidad de esas personas, así mismo compromete a las naciones a garantizar para los inmigrantes un trato humano y de respeto a su dignidad e integridad.
Se compromete a los gobiernos de los países receptores de migrante a prestarles servicios esenciales como: educación a nivel pre y universitario, servicios de salud, viviendas y espacios laborales.
El documento, redactado con finura, parte de una visión global ideal de un mundo, donde suponen que todos los países receptores de migración tienen las mismas condiciones de desarrollo económico, de extensión de territorial y de recursos naturales abundantes o infinitos, para solventar las necesidades de todo el que llegue y en el momento que lo haga, lo cual resulta fantasmagórico o más bien un sofisma de suposición impertinente.
En el caso específico de República Dominicana, que es un país emisor y receptor de una migración que le llega para quedarse en su gran mayoría, aunque también le llega una en tránsito hacia otros destinos, resulta complicado asumir ese compromiso. Esto es así porque compartimos una pequeña isla de apenas 76,192 km2, con otra nación que nos equipara en población, contra la que se ha ensañado la extrema pobreza, con un territorio desértico e inestabilidad política recurrente y donde la inmensa mayoría de su gente necesita huir.
La propuesta para que las naciones que comparten territorios gestionen de manera conjunta la frontera, es un asunto difícil de lidiar en la práctica con un vecino ambivalente e inestable, que postula ser víctima de su vecino ante la comunidad internacional y demás es dirigido por una clase política que desde su propio gobierno incentiva a sus nacionales a que emigren hacia otros confines.
Aunque República Dominicana ha logrado un desarrollo mayor que Haití en todos los aspectos, no es menos cierto que aún no dispone de capacidad instalada para satisfacer las necesidades básicas de una gran franja de su población autóctona, y de por sí, ya brinda los servicios básicos en más de un 20%, en equivalencia a sus nacionales, a ciudadanos procedentes del vecino Haití, quienes habitan en su territorio, la gran mayoría, en condiciones de irregularidad migratoria.
De acogerse República Dominicana a la propuesta de las Organización de las Naciones Unidas, será cuestión de una o dos décadas, para que colapse su economía y sea afectada su identidad nacional, ya que en los hechos tendría que cargar, con sus 10.7 Millones de sus nacionales y con los 11 Millones del país vecino, lo que le haría inviable y ambos pueblos empobrecerán irremediablemente.
La ayuda que ofrece la comunidad internacional para los países receptores de migración y los planes que dice implementara para garantizar el retorno de los migrantes a sus territorios de origen, en el caso de la Isla de Santo Domingo deben llevarla de manera directa a Haití para facilitar su desarrollo, el crecimiento económico y retener a sus nacionales.
Nuestro compromiso con la tragedia que vive la población haitiana debe ser el que hasta ahora les hemos brindado, y el de continuar colaborandoles sobre la base de no recibir a más de sus ciudadanos, por el bien de ambas naciones.
La comunidad internacional tiene que ir directamente en auxilio de Haití y entender que República Dominicana no está en condiciones de asumir más sacrificios, por lo que entendemos que nuestro gobierno tiene el deber de negarse a firmar dicho sobre el legítimo principio de que, nadie está obligado a lo imposible, ni lo que le daña.
El autor es docente universitario y dirigente del PTD.
Por Francisco Luciano