SANTO DOMINGO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuará este viernes la fase final del juicio de fondo que se le conoce al dirigente del transporte Arsenio Quevedo y al exregidor Erickson de los Santos Solís, para quienes el Ministerio Público pide 20 años de prisión.
Este jueves el Ministerio Público agotó su jornada de presentación de elementos de pruebas, motivaciones probatorias conclusiones al fondo y correspondió a los actores civiles y acusadores particulares presentar sus valoraciones tanto en aspecto penal como civil.
Manuel Soto Lara, actor civil, representante de las víctimas, informó que refutaron la presunción de inocencia de los imputados y acusados de sicariato, y en el aspecto civil, establecieron la falta del vínculo causal de los agravios y las víctimas y concluyeron adhiriéndose en el aspecto penal a las conclusiones del Ministerio Público y civil.
Dijo que solicitaron un resarcimiento de los daños y perjuicios morales y materiales sufrido por las víctimas.
En este caso, el Ministerio Público pide al tribunal 20 años para Cristino Batista; 20 años para Arsenio Quevedo en calidad de cómplice y para los otros tres imputados, solicitó 30 años de prisión.
Confesión de matar es una estrategi
Al referirse a la confesión hecha por el exsargento de la Policía Amauris Cabrera Martínez, uno de los acusados de formar una banda de sicarios a la supuesta orden de Arsenio Quevedo, de admitir que mató dos choferes en el 2015 de la ruta de la Federación de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), el abogado Soto Lara afirmó que “eso es una estrategia”.
“Eso es parte de una estrategia porque él, Amauris, dice que no conoce a Quevedo y era su empleador, dijo que no conocía al exregidor de los Santos Solís y nosotros incorporamos el informe demostrativo de que era inquilino del exregidor; quiso decir que no conocía a ninguno de los co- imputados y el video mostrado en el tribunal se vio claramente que ellos andaban junto los dos: Cristino Batista y Octavio Reinoso el 17 de enero del 2014”.
Es decir, agregó Manuel Soto Lara, que son cuestiones que no sustentan que quedaron contradichas, además de que en la análisis de inteligencia electrónica que hizo la Procuraduría General de la República a través del Dicat y el Inacif se comprobó todos los cruces de llamada de Amauris y Danilo, quien estaba con Cristino y ellos les devolvían la llamada, y todas las pruebas establecen de manera irrefutable que era una asociación que se conocían.
“Eso fue frustratorio para ellos, el intento de querer hacerse responsable para “limpiar a los otros”, porque el video visto en la sala de audiencia del tribunal cuando ellos ejecutaron a Ángel Javier y Overnys Guerrero en la Ana Valverde esquina Juana Saltitopa, ahí se ven a los dos , a Amauris quien confesó y a Octavio Reinoso y ellos dicen que no conocían a Danilo y se ve cuando van y viene de ejecutar a los choferes”, dijo.
“No pueden pretender una coartada de esa naturaleza cuando las pruebas son tan evidentes”, agregó.
Este viernes corresponde a la defensa de Arsenio Quevedo y Erickson de los Santos Solís presentar réplicas sobre las exposiciones del Ministerio Público y actores civiles.
Los choferes que dijo haber asesinado Amauris Cabrera son Ángel Javier y Overnys Guerrero, quienes pertenecían a la ruta de transporte El Toro, cuya parada está en la calle Ana Valverde, esquina Juana Saltitopa.
Piden indemnización de RD$800 MM
Familiares de tres choferes que fueron asesinados por una supuesta banda la cual habría sido encabezada por el transporte Arsenio Quevedo e integrada por otras cuatro personas, pidieron al tribunal que tiene apoderado el caso condenar a los imputados al pago de una indemnización de 800 millones de pesos.
Los familiares de las víctimas también pidieron al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que en materia penal los acusados sean condenados a 20 y 30 años de prisión.
Francisca Torres y Ercilia Félix, a través de sus representantes legales pidieron al tribunal, presidido por la magistrada Yissel Soto, acoger las conclusiones en el aspecto civil por los daños y perjuicios ocasionados a todos los familiares de las víctimas.
