El sistema de salud, visto desde la perspectiva de la salud, es complejo e impredecible a la hora de diseñar intervenciones para que las personas, sea como sujeto social o como ente individual, pueda agenciarse el más elevado estándar de funcionamiento posible modificando las condiciones que la circundan.
Lo propio viene al caso a partir de la medida dispuesta por el Ministro de Interior con el doble propósito de endurecer las condiciones para desestimular la presión migratoria desde el vecino país y abatir indicadores de salud negativos como los de razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad neonatal. En el entendido de que estos son el resultado de la presión generada por la demanda de servicios de salud de las parturientas haitianas a la red pública hospitalaria, desplazando, de esta manera, a sus pares nacionales al momento de requerir similares servicios.
Dicha medida es consecuencia directa de la interpretación data por una distinguida periodista especializada en salud en un influyente diario de circulación nacional al boletín 41, emitido por la Dirección General de Epidemiología; esta, aunque no lo desarrolla en el cuerpo de la opinión emitida, destaca en el titular la relación entre el COVID-19 y la migración de parturientas haitianas con la mortalidad materna y neonatal.
Abusaría de la paciencia de usted, amigo lector, referirse a las implicaciones éticas que tiene colocar barreras de acceso al derecho a la salud a personas en condiciones de vulnerabilidad por razones étnicas y socioeconómicas, y las consecuencias legales que como país pudiera acarrear, pero si es menester orientar en el sentido que dicha medida pudiera producir los efectos contrarios a los propósitos de origen, como elevar la razón de mortalidad materna y la tasa de muerte neonatal, dejando intacta la presión migratoria.
A partir de la medida, los hospitales materno infantiles y los generales con servicios de obstetricias frecuentados por las madres haitianas en condición migratoria irregular se transforman en trampas a usar por los agentes de migración del país para su detención con fines deportación, por lo tanto, para evitar ser capturadas, se verían forzadas a no acudir a las citas médicas de seguimiento a la evolución del estado de gestación y, por ende, interrumpir la continuidad de la atención. Perdiendo la oportunidad de detectarse en fase inicial la aparición un evento asociado al embarazo que pudiera poner en riesgo la vida de ella y la criatura.
La realidad es que la medida, ni va a impactar el problema de la migración ni la presión por demanda de atención en los hospitales del país ni, mucho menos, la seguridad de esta para abatir el indicador de muerte evitable asociada al seguimiento al estado de salud durante el periodo de embarazo, parto y puerperio.
Una, porque la presión por atención de las nacionales del vecino país es generada por indocumentadas residentes, no por el comercio ilegal desde el vecino país; la otra, porque esta demanda no desplaza la atención de las nacionales, ya que, por el fortalecimiento de la cobertura de la seguridad social estas prefieren demandar servicios en el sector privado, donde se les garantiza mayor calidad y seguridad en el seguimiento al embarazo, parto y puerperio.
Comprender la última implica tomar en cuenta el impacto de la pandemia del COVID-19 en el sistema de salud desde la perspectiva de la dinámica económica, aspecto opacado por el impacto sanitario. Motivo del comentario de la periodista.
Tomando de referencia el año 2019, antes de la pandemia y según fuentes del Servicio Nacional de Salud, la red pública de centros atendió la demanda de servicios de salud de poco más de doce millones de personas por vía ambulatoria, la cual, por efectos de la pandemia, se contrajo en el 2020 un 42.78% y a octubre del 2021, antes de la semana epidemiológica 41 se había atendido un 63% de los pacientes en relación al año de referencia.
Por lo que no es descabellado suponer que, en las once semanas faltantes para el fin del año, a menos que se desborden los hospitales por efecto de la cuarta ola pandémica, no va a demandar servicios sanitarios ambulatorios el 37% de los pacientes faltantes para llegar al número atendidos en el año 2019. Hay que recordar que entre estos se encuentra la mujer en condición de embarazo, lo que supone una interrupción en la continuidad del seguimiento.
Si el impacto en el mercado demandante de servicios fue devastador en el de la calidad de la oferta fue desastroso. Para nadie es un secreto que en el tema de la morbi-mortalidad materna y neonatal hay un componente de seguridad de atención en los hospitales públicos del país. Basta recordar que los Ministros de Salud y Directores Ejecutivos del SNS, en las postrimerías de sus gestiones han reconocido el componente de la negligencia en siete de cada diez eventos donde fallece una mujer; dicha opinión queda fundamentada en el monitoreo a la calidad a la atención del embarazo efectuada por el Servicio Nacional de Salud y en estudio sobre el tema efectuado por el Ministerio de Salud.
En este sentido, por la implementación de un programa integral para reducir la muerte de mujeres embarazadas atendida en los hospitales, a partir del año 2017 fallecieron188 madres, y sucesivamente en los años 2018 y 2019, se redujeron las muertes por dicha razón a 155 y 126 respectivamente; en el 2020, año pandémico, se elevó a 153 y a octubre del presente año, el boletín # 41 reportó 214 muertes materna, igual al número reportado antes del año 2015.
Estas mujeres fallecieron por hipertensión arterial durante el proceso del parto o desangradas por no seguir su observación en el hospital luego del parto o la cesárea, o sépticas por infecciones previsibles en el chequeo de consulta o en el seguimiento durante la hospitalización; sus bebes murieron por complicaciones propias de la prematuridad evitable en el seguimiento al parto o, porque no, infectados al cruzar por la vagina contaminada, todos los eventos ocurren por la violación al protocolo de atención, causa independiente de la etnia de origen de la paciente.
De ahí que, si la presión por demanda de atención a los hospitales maternos del país es generada por haitianas indocumentadas residentes y la mortalidad materna se produce por negligencia institucional en la aplicación del protocolo de seguimiento al embazo, parto y puerperio en consulta y hospitalización, lo menos que se puede esperar es que dicha medida sea rectificada.
Por: Roberto Lafontaine