Con la información recibida, la Oficina de DD.HH. de la ONU preparará un informe que «será publicado dentro de dos a tres semanas» y que contendrá hallazgos detallados de la misión y formulará recomendaciones para el Gobierno chileno, expresó el organismo mediante un comunicado.
La misión de la ONU fue enviada por la alta comisionada de DD.HH., la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, y permaneció en el país durante tres semanas, en las que visitó comisarías, cárceles y hospitales de varias regiones.
«Las autoridades proporcionaron acceso sin restricciones para dichas visitas», comentó la ONU en su escrito.
El equipo revisó alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de orden y seguridad en el contexto de protestas; reportes de malos tratos en detención, incluyendo abusos y violencia sexual; y alegaciones de vulneraciones a derechos durante la privación de libertad.
También recabó información sobre acceso a la justicia y rendición de cuentas; la afectación a grupos específicos, y sobre las demandas subyacentes que han desencadenado las protestas.
Asimismo, analizó información sobre actos de violencia contra fuerzas de seguridad y destrucción de la propiedad, entre otros temas.
REUNIONES CON VÍCTIMAS, POLICÍAS Y AUTORIDADES
Los cuatro integrantes de la misión de la ONU se entrevistaron con más de 230 víctimas, incluyendo personas que resultaron detenidas y/o heridas durante las protestas, así como policías heridos, y es escuchó «extensos testimonios», «muchos de ellos perturbadores», según el comunicado.
El grupo sostuvo reuniones también con autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, de la policía (Carabineros), con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez, así como más de 300 integrantes de la sociedad civil.
La crisis chilena, que desde hace más de un mes mantiene a multitud de ciudadanos manifestándose en las calles en reclamo de un modelo socioeconómico las equitativo, ha dejado al menos 23 muertos en distintos actos de violencia (incendios, atropellos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y más de 2.300 heridos, de los cuales cerca de 220 presentan traumas oculares severos, según el INDH.
La Fiscalía ha registrado además alrededor de 1.100 denuncias por tortura y tratos crueles, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios desde el 18 de octubre, cuando se detonó la crisis tras el aumento en la tarifa del metro.
«La Oficina llama a las autoridades a asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares, y que todas las posibles violaciones pasadas, presentes o futuras -incluido en el contexto de protestas y en centros de detención- sean investigadas plenamente», señala el documento.
Por EFE
