MiPymes, personas físicas y jurídicas

Por Jose Espinosa Feliz lunes 16 de noviembre, 2020

Proceso de selección de obras.

Los profesionales de las ingenierías y la arquitectura, siempre están pendientes a las posibles ejecuciones de obras del gobierno y de la forma en que se adjudicarán, con el objetivo de participar como oferentes en el amplio portafolio de proyectos que tienen programados las diferentes instituciones del sector construcción. Las expectativas se mantuvieron debido al inicio del nuevo gobierno. Siempre se espera cuál va a ser el proceder en cuanto a la elección de las modalidades, para las contrataciones de dichas obras, señaladas en la ley 340-06, y según el umbral establecido en dicha ley.

El primer llamado lo hizo el INVI, convocando a una licitación para un reducido número de lotes (40), pero un monto muy respetable de 2 mil millones de pesos, suficiente para ser sorteados a 200 o 300 profesionales, y así iniciar con buen pie la dinamización  de una parte del sector construcción. En este caso, cumpliendo con lo establecido en la ley, se estableció un 35% de los lotes para las Mipymes.

El anuncio de sorteos por un monto de 1,700 millones de pesos de parte del Ministro de Obras Públicas iluminó de esperanzas a la clase profesional, pero esa luz se apagó al darse cuenta que dicho sorteo iba orientado sólo para las Mipymes, dejando afuera a los profesionales como personas físicas y a las compañías que no cumplen con ese requisito. Esta disposición viola el principio de igualdad y libre competencia, establecido en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 340-06.

El decreto 238-97, establece que: ´´Se crea el Programa de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), destinado a promover la eficiencia, la modernización y el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa´´.  Este decreto emitido por el presidente Leonel Fernández tenía el interés de fomentar las MIPYMES, incentivando así, la creación de empleos y el crecimiento del índice de productividad.  En el gobierno encabezado por el presidente Hipólito Mejía, mediante el decreto 1182-01 se crea el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME).

El gobierno al ver el impacto de este sector, que aparte de crear empleos, también tenía ´´aportes significativos al Producto Interno Bruto, y que contribuyen a la creación de un ambiente favorable a la gobernabilidad y la estabilidad social de la Nación´´.   Establece mediante la ley 488-08 un régimen regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).  Con esto se pretendía motivar el crecimiento de las Mipymes, ´´creándole una base institucional suficientemente clara y efectiva´´.  Además de establecer ´´instrumentos financieros de fácil acceso al crédito, a la capacitación y a la asistencia técnica y otra forma de desarrollo empresarial´´.

Esta ley en su Art. 25, establece que ´´Las instituciones estatales, al momento de realizar las compras de bienes y servicios, deben de efectuar 15% de las mismas a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), siempre que los bienes y servicios demandados por dichas instituciones sean ofertados por las MIPYMES´´, y si son mujeres que las representan, un 20%.

El decreto 543-12 en su Art. 5, establece que la entidad contratante al momento de realizar su formulación presupuestaria deberá reservar el 20% para las micros, pequeñas y medianas empresas, en las partidas designadas para las compras y contrataciones de la institución.

En consulta al economista Haivanjoe Ng. Cortiña, nos manifestó que el presupuesto en el área de la construcción para los años 2019 y 2020 corresponden a 41,290 y 31,476 millones de pesos respectivamente. Significa que en esos dos primeros años debieron disponerse para este sector 8,278 y 6,295 millones de pesos. Para el año 2021 se tiene presupuestado 30,354 millones. Si se cumplieran estas ejecutorias, lo correspondiente a las MiPymes ascendería a unos 6,071millones.

Si bien las instituciones están obligadas a cumplir con lo establecido en la ley y el decreto mencionado, los profesionales que son personas físicas y jurídicas, entienden que no se le debe forzar a que por obligación se conviertan en MIPYMES. Cuando se establecen licitaciones o sorteos sólo para este sector, sin darle oportunidad a los demás, entonces estos procesos se convierten en excluyentes.

Las MIPYMES tienen impacto en todos los sectores, entre ellos forestales, agrícolas, agroindustria, apícolas, pecuarios, etc., pero en el caso de los ingenieros, que es un profesional independiente, el convertirse en MIPYMES, necesariamente no lo convierte en un ente diferente a la persona física que representa, ya que es una decisión voluntaria.  Si obtiene una obra, de manera inmediata se convierte en un generador de empleos, y de manera aislada, si decide emprender un negocio, podría convertirse en MIPYME y gozar de las facilidades que se ofrecen.

El mismo decreto 543-12, establece en el Art. 73, que ´´los Pliegos de Condiciones Específicas podrán prever la posibilidad de presentar ofertas parciales por parte de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), conforme se establece en el párrafo del Artículo 5´´.

Lo más sano y equilibrado sería, que de cada proceso, elegir un porcentaje dedicado a las MIPYMES, además, de darle oportunidades a las compañías y personas físicas.

Por José Espinosa Feliz

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