Ministros israelíes rechazan decisión de Supremo sobre retención de cadáveres

Por EFE martes 19 de diciembre, 2017

EL NUEVO DIARIO, JERUSALÉN.- El Gabinete israelí de Seguridad ha rechazado la decisión del Tribunal Supremo de no considerar legal la política de retener los cadáveres de los palestinos involucrados en ataques y su propuesta de crear una ley a favor de esa medida en el plazo de seis meses, o devolverlos.

Encabezado por el jefe del Gobierno, Benjamín Netanyahu, e integrado por varios ministros, el Gabinete “deja claro que los cuerpos de los terroristas no serán entregados” tras calificar la resolución de los jueces de “inaceptable”, según un comunicado divulgado hoy por el diario Yediot Aharonot.

El Gabinete se Seguridad aceptó la recomendación del fiscal general del Estado, Avijai Mandelblit, de pedir otra audiencia ante el Tribunal sobre el caso y “no se avanzará ningún proceso legislativo” hasta que no tengan una respuesta.

Antes de la reunión del equipo de seguridad, el ministro de Educación y principal socio de Netanyahu en la coalición de Gobierno, Naftali Benet, calificó la resolución judicial de “vergonzosa” y afirmó que el Ejecutivo “tiene que evitar que el Tribunal Supremo continúe asumiendo los poderes del Gobierno”.

En los últimos meses, varias voces, tanto de la derecha como la izquierda, han advertido de una deriva antidemocrática del Ejecutivo israelí y se han opuesto al intervencionismo gubernamental en los medios de comunicación, el Ejército y el Supremo.

Este tribunal debatió la petición presentada “por familiares de terroristas” para que les sean devueltos los cadáveres que el país mantiene bajo custodia como posible moneda de cambio en intercambios de prisioneros, soldados caídos o ciudadanos israelíes cautivos por el movimiento islamista Hamás.

El Supremo decidió la semana pasada que dicha retención “se hace sin autorización y que Israel, “como Estado de derecho, no puede tener cadáveres para fines propios o negociaciones cuando no existe una ley específica y explícita que le permita hacerlo”, ante lo que dio un plazo de seis meses para promulgar dicha legislación.

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