EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público (MP) concluyó hoy su intervención en la audiencia para conocer las medidas de coerción a los imputados por el caso de los sobornos que Odebrecht aseguró pagó en el país entre 2001 y 2014, y reiteró su solicitud de 18 meses de prisión preventiva para los implicados.
Asimismo, pidió que el caso sea declarado complejo, una acción que, según dijo el pasado lunes el procurador general, Jean Alaín Rodríguez, «permitirá tener mayores medios de prueba y un plazo razonable para profundizar las investigaciones».
Los fiscales pidieron hoy al juez Francisco Ortega que los imputados, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, y los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sean enviados a la cárcel de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
Igual medida pidieron para el diputado Alfredo Pacheco, del PRM, sin embargo, solicitaron que Ángel Rondón, representante comercial de Odebrecht, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó el dinero, cumpla la medida en la penitenciaria de La Victoria.
El MP justificó la prisión preventiva contra el grupo alegando que los imputados podrían darse a la fuga, debido a la gravedad de los hechos presuntamente cometidos.
Por otro lado, los fiscales aclararon que se debió «a un error mecanográfico» la adjudicación, por parte de la Procuraduría General, de un deposito bancario de 100 millones de pesos al exsenador y exdirector de Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez.
En depósito, en realidad, era de 1 millón de pesos, tal y como habían asegurado estos días los defensores de Rodríguez.
El juez dispuso un receso hasta las 2 de la tarde cuando los abogados de los imputados empezarán a presentar sus alegatos.
Ortega reanudó hoy la audiencia tras aplazarla dos veces la semana pasada para que los abogados de los implicados pudieran acceder a las copias del expediente acusatorio.
La audiencia se celebra en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), hasta donde los 10 detenidos fueron trasladados, bajo estrictas medidas de seguridad, desde el Palacio de Justicia, en el centro de la capital, donde están recluidos desde el pasado 29 de mayo.
Los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado Alfredo Pacheco están imputados pero no han sido detenidos a la espera de que sus respectivas Cámaras decidan sobre el retiro de la inmunidad parlamentaria.
Otro de los imputados es el ingeniero Bernardo Castellanos, que está fuera del país y ha informado de que regresará para enfrentar las acusaciones, aunque esto no se ha producido hasta este momento.
Al grupo, que ha negado, por separado, vinculación alguna con el caso, se le acusa de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Las detenciones en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil los datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en este país caribeño. EFE
