No había hecho de público conocimiento mi interés en participar de la convocatoria realizada por la Cámara de Diputados para a elección de los nuevos Miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, interés que se materializó cuando el pasado 23 de octubre de 2020 presenté formalmente mi candidatura.
Sin mucha consulta a familiares, amigos y colegas, me aventuré en este proceso, movido principalmente porque considero reúno los requisitos, competencias, actitudes y aptitudes que se necesitan para desempeñar este importante rol en beneficio y respeto de la sociedad dominicana, y también porque puedo aportar nuevos enfoques para enfrentar cada uno de los flagelos que envuelven actualmente el servicio público en general.
La publicación de esta reflexión la había dejado para luego de la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas porque no he tenido en ningún momento la finalidad de accidentar el procedimiento o generar ruido alguno y más bien felicito y les deseo el mayor de los éxitos a los miembros elegidos. Se trata de una reflexión que hago para la posteridad.
Popularmente se tiene la percepción de que no vale la pena participar en este tipo de convocatorias «sin una cuña», sin embargo, en mi vida profesional me he preocupado por apostar a mis competencias y experiencia consciente de que no todo siempre resulta como uno espera, pero así es la vida, se gana y se pierde, y pues al menos competimos.
Luego de más de trece (13) años de experiencia en la gestión pública, y como Experto en Contratación pública, disciplina que considero la más sensible y expuesta para toda la administración pública y que amerita especial atención desde la Cámara de Cuentas, estoy convencido de la necesidad de realizar un ejercicio de control responsable, que promueva la transparencia, rendición de cuentas y más que nada, que comprometa a todas y todos los servidores públicos a que en su accionar procuren exhibir (aunque no te estén viendo) un comportamiento apegado a las buenas costumbres e inminentemente a las normas, en respeto de los principios de juridicidad y legalidad que rigen la actuación pública.
Desde que deposité mi carta de postulación y anexos no tuve ninguna noticia adicional respecto de mi participación, a pesar de que prácticamente «desmembraron» mi expediente (como de seguro muchos de los que acudieron por igual) quedándose con «lo que se necesita solamente» y me dijeron que la documentación que estaban sacando se podía presentar más adelante, momento que nunca llegó para mí.
El pasado 28 de enero de 2021 fue publicado el listado de las personas que pasan a entrevista, y para mi sorpresa, no estaba incluido dentro de los convocados. Como abogado conocedor del debido proceso al que está sujeta toda la administración pública, me comunico con el área de Comisiones de la Cámara de Diputados y la única respuesta que recibo es la siguiente: «No tenemos ningún informe que justifique el porqué de la descalificación, cuando termine el proceso de entrevistas le dirán».
Lo anterior me preocupó bastante, evidencia un desconocimiento e inobservancia de las disposiciones de la propia Ley Núm. 107-13, del deber que tiene la administración de motivar sus decisiones, y más aún, provoca una indenfensión en mi condición de administrado, vulnerando las propias garantías constitucionales a las que ese hemiciclo por igual está sujeto. No obstante haber explicado que de la única forma que podría restituirse mi candidatura y participar de las entrevistas, era si tomaba conocimiento de las razones que motivaron «mi descalificación», y que, de tratarse de algún tipo de error rectificable, tuviese la oportunidad de subsanar o aclarar, la indefensión se ha mantuvo hasta el día de hoy, en el que nada se ha dicho.
Una selección de esta naturaleza debe exhibir los más altos estándares que se exigen de la propia institución que se pretende llenar vacantes, como son los miembros de la Cámara de Cuentas, institución que debe ser modelo en transparencia y rendición de cuentas de todas sus actuaciones, siendo incluso la Coherencia un principio transversal que debe ser respetado en toda la administración.
Mi visión de ese órgano rector es que debe ser transformado su histórico accionar, implementando los mecanismos necesarios para pasar de un modelo reactivo a uno propositivo y preventivo, focalizando en la gestión de canales de denuncia efectivos, modelos de gestión de riesgos de incumplimiento legal y también de prevención de la corrupción, más que luchar contra ella.
Para lograr este cometido y, que los entes y órganos de toda la administración y sus servidores actúen en consecuencia, es necesario que promovamos una transformación del enfoque tradicional que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha seguido, por el simple hecho de que, así como los seres humanos, las administraciones públicas evolucionan, y es principalmente porque 1) las administraciones persiguen la satisfacción de los intereses de los ciudadanos, que también varían con el tiempo; y 2) porque los propios servidores públicos también son personas. La administración es un organismo vivo, cambiante, demandante y en constante movimiento, es por esa razón que continuar implementando mecanismos estáticos y que tradicionalmente se han empleado, demuestran ser insuficientes, no porque sean menos buenos, sino porque no podemos solucionar nuevas situaciones con los mismos remedios del pasado y definitivamente la sociedad y sus instituciones no son las mismas que antes.
Es necesaria la transparencia, rendición de cuentas y apego al debido proceso y la juridicidad, pero debemos de replantearnos cada uno de esos elementos. Históricamente promovemos más acciones reactivas que proactivas y preventivas, y este último es un modelo que vale la pena implementar, ya que prevenir los incumplimientos antes de que sucedan, evitar cualquier situación, acto de corrupción o algún indicio de lo anterior, antes de que siquiera se pueda materializar, así como también promover y ser propositivos, a través de normas, resoluciones u otras disposiciones que puede (y debe) emitir la Cámara de Cuentas, tal como rezan sus atribuciones, es un primer paso a la transformación de esa institución.
Los nuevos miembros de ese pleno tienen un gran reto, generado en gran parte por la misma expectativa que tiene la población de la institución y yo particularmente agrego las mías. Les insto a desempeñar una excelente labor, que se concentre más en los procesos propios de la institución, que en la vox populi, y que, en todo momento, se respete el debido proceso y la seguridad jurídica a que están llamados, tal y como dispone la Constitución y las leyes, y que no se extiendan las malas prácticas más allá de mi propia participación en este proceso que resultó en una breve postulación.
POR BABAJI CRUZ PEÑALÓ
Autor es Administrativista e internacionalista. Experto en Contratación Pública y Derecho Público. Doctorando en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de la Coruña. Egresado de la Maestría en Derecho Empresarial de la Universidad Antonio de Nebrija (España); y la Maestría en Diplomacia y Servicio Consular del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Socio Fundador y Gerente de la firma especializada en derecho y asuntos públicos Lexi Public Law Attorneys. Miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, la World Compliance Association y el Colegio Dominicano de Abogados.