EL NUEVO DIARIO, México.- El Gobierno mexicano anunció este miércoles medidas para luchar contra la impunidad en los crímenes contra la prensa, mientras que periodistas denunciaron que estas acciones son una «simulación» y evidenciaron hallar soluciones dentro del propio gremio.
En una semana en la que el asesinato de Javier Valdez en el estado de Sinaloa ha conmocionado al sector periodístico, con lo que el país ya suma la alarmante cifra de siete periodistas asesinados en 2017, el Ejecutivo intentó proporcionar un mensaje de «compromiso» por parte de las autoridades para frenar el problema.
El presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de varias dependencias federales se reunieron con los gobernadores estatales en la residencia oficial de Los Pinos, y acordaron crear u homologar fiscalías especializadas dentro de las procuradurías estatales para investigar y prevenir delitos cometidos contra la prensa.
A lo que se suma que «se fortalecerá la estructura y el presupuesto asignado al mecanismo de mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas», para que esta tenga «los recursos necesarios», señaló Peña Nieto en un evento posterior a la reunión en el que explicó las medidas tomadas.
Entre otras acciones, se reforzará la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), con nuevo personal y mejorando la capacitación de los funcionarios públicos, y se trabajará de manera coordinada con la sociedad civil.
«La violencia perpetrada contra periodistas y defensores de derechos humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad», reconoció, y los ciudadanos no demandan discursos por partes del Gobierno, sino «resultados».
Entristecidos e indignados por el asesinato de su colega Valdez, fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario nacional La Jornada, los periodistas Lydia Cacho y Diego Enrique Osorno señalaron la inefectividad de las autoridades respecto a los crímenes contra periodistas.
Poco antes de que comenzara el evento oficial, los periodistas participaron en una rueda de prensa en la que Osorno avanzó que el Gobierno iba a «simular» que emprendería acciones y después emitiría una declaración que sería «mentira».
«Ya basta de darle al Gobierno la posibilidad de aparentar que está teniendo un diálogo con nosotros y haciendo algo», remarcó.
Osorno defendió que, ante esta situación, el gremio periodístico debe unirse para una «reflexión», mediante mesas de diálogo, que llevará a un «plan de acción» para hacer frente al problema.
Planteó que hay que analizar «si vale la pena» que exista el mecanismo de protección impulsado por la Secretaría de Gobernación, al que tildó «inservible», «ridículo» y «absurdo».
Por otra parte, el periodista aseveró que habría que «poner en escrutinio» a la Feadle, que desde su creación en 2010 ha atraído 48 homicidios de periodistas, de los cuales solo se han logrado tres sentencias.
«Me consta que esa fiscalía fabrica culpables», apuntó Osorno, quien afirmó que él mismo colaboró con el organismo pensando que podía ser de ayuda, pero al final la investigación «no llegó a nada».
De acuerdo con un informe de la organización Artículo 19, 2016 fue el año «más letal» para la prensa mexicana, ya que se registraron 426 agresiones a periodistas, entre ellas once asesinatos.
Peña Nieto dijo hoy que es obligación del Estado otorgar garantías a los periodistas, «especialmente ante la amenaza que hoy representa el crimen organizado», infiltrado en ocasiones en los gobiernos locales de ciertas regiones del país.
Sin embargo, Artículo 19 documentó que los funcionarios mexicanos son responsables del 53 % de las agresiones a periodistas en 2016, por lo que constituyen «la mayor amenaza a la libertad de expresión» en México. EFE
