EL NUEVO DIARIO, CRACOVIA, POLONIA.- Nueve de los quince jueces que componen el Tribunal Supremo (TS) polaco pidieron este martes el acatamiento de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y criticaron a la presidenta de la corte a la que pertenecen por impedir su cumplimiento.
«La sentencia del TJUE debe ser ejecutada por todas las autoridades polacas (…) y sobre todo y en primer lugar por la presidenta del Tribunal Supremo», Malgorzata Manowska, declaró a la prensa el juez del TS Michal Laskowski.
Manowska anunció la semana pasada que la Sala Disciplinaria Judicial podía seguir ejerciendo sus funciones y se basó para ello en una sentencia del Tribunal Constitucional polaco, que declaró inconstitucional una orden del TJUE para que se suspendiese la actuación de esa cámara.
El Tribunal de Luxemburgo consideró que el régimen disciplinario que impone no es compatible con la legislación de la Unión Europea.
En opinión de la mayoría de los jueces del Supremo polaco, la orden dada por Manowska «es incompatible con la sentencia del TJUE y constituye una violación de la ley» y en su opinión «la presidenta no tiene la facultad de decidir si se pueden dictar o no sentencias en una determinada cámara», pues «ningún estatuto otorga tales poderes al presidente del TS».
Por su parte, Aleksander Stepkowski, portavoz del TS, una institución en la que existen dos tendencias antagonistas sobre su apoyo a las reformas judiciales del gobierno, dijo este martes que los componentes de la Sala Disciplinaria «como parte de su independencia, tomarán sus propias decisiones sobre cómo reaccionar ante la sentencia del TJUE».
En una entrevista publicada el pasado 30 de Junio, Manowska afirmó creer que «la Constitución (polaca) está por encima de la legislación de la UE; sí, lo digo claramente», y aseguró que por mantener esa opinión «me advirtieron que habría ataques contra Polonia, y he visto que este aviso era cierto».
La Sala, que depende del Tribunal Superior polaco, fue creada en 2017 y tiene potestad para sancionar, trasladar de destino o suspender a los jueces de cualquier instancia del país, tanto por su comportamiento como por el contenido de sus sentencias.
Precisamente las reformas del sistema judicial polaco que el gobierno emprendió en 2015, incluidas las recientes decisiones de cuestionar la primacía del derecho europeo, siguen siendo una fuente de «graves preocupaciones», según dijo hoy la Comisión Europea en el segundo informe sobre el Estado de Derecho en sus 27 Estados miembro.
