Si analizamos el proceso de descentralización en Centroamérica y América Latina y su dificultad en la práctica y aplicación, podremos conjurar sin temor a equivocarnos que el mismo ha adolecido de mucha visión y voluntad política por parte del gobierno central, integración de la sociedad civil organizada y los sectores empresariales.
Desmontar toda una cultura que ha predominado en los países latinoamericanos y centroamericanos no es tarea fácil, ya que hace apenas algunas décadas se podría decir; se ha venido consolidando la democracia participativa en estos países, donde ya los presidentes son electos por el sufragio universal y existe una real alternancia del poder. Sin embargo, fruto de nuestro pasado reciente de gobiernos autocráticos, donde imperaba el centralismo y el gobierno central tenía la primera y última palabra en todo; hoy en día sigue resultando muy difícil impulsar y aplicar desde el gobierno una descentralización local real en términos económicos y de competencias.
Desde mi punto de vista y basándome en la realidad local de nuestro país la Republica Dominicana, el primer eje fundamental que debe lograrse es la capacitación de los agentes locales; ya que no será posible lograr la transferencia de funciones y competencias o mayores recursos del gobierno central, sin antes demostrar la capacidad de administración y gestión.
Otro gran reto y debilidad del sector público en general, que ha sido un reclamo constante del sector empresarial, la sociedad civil organizada y la población en general; lo constituye la falta de institucionalidad que impera en todas las organizaciones públicas, desde el ámbito central hasta el local.
Este es un problema general del sector público, que no se limita al gobierno local, cuya explicación radica fundamentalmente en la suma de los siguientes factores:
- Falta de capacitación y tecnificación de sus recursos humanos.
- La corrupción y el clientelismo.
- Carencia de las tecnologías adecuadas que permitan una mayor gestión, en términos de eficacia y eficiencia administrativa y financiera.
- Inexistencia o incapacidad de organismos fiscalizadores eficientes.
- Poca participación e integración social.
Desmontar toda una cultura social, requiere de mucha voluntad y determinación por parte de nuestros líderes políticos; que son los llamados a dar el ejemplo con su accionar. Y hacer valer el concepto de “Servidor Público”, que pocos legisladores y funcionarios conocen.
Ya que uno de los argumentos más utilizados por el Gobierno Central a la hora de justificar el incumplimiento de las obligaciones que establece la ley 166-08 (Ley de Asistencia Financiera entre el Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos), sobre la transferencia del 10% a los gobiernos locales; es la incapacidad de estos de poder gerenciar de manera eficiente y eficaz dichos recursos, alegando que eso generaría un mayor despilfarro y corrupción.
Sin embargo, han hecho de la práctica una costumbre; ya que cada vez más limitan las competencias de los gobiernos locales y las transfieren a Ministerios y organizaciones centralizadas; que adolecen de las mismas debilidades instituciones.
En tal sentido, el problema de los ayuntamientos no se resuelve eliminando sus competencias y limitando sus recursos. Sino mediante la voluntad política de aplicar y hacer cumplir las leyes; la capacitación constante de sus recursos humanos; la implementación de tecnologías tendentes a optimizar los sistemas de gestión financiera y la transparencia institucional; el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras; programas y proyectos que motiven la participación ciudadana.
En definitiva, los problemas de los ayuntamientos; son los mismos problemas de los cuales adolece todo el sistema público nacional.
Otro de los pilares importantes del proceso de Descentralización en nuestro país lo constituye la Descentralización Fiscal; la cual resulta necesaria y obligatoria para poder dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios que le permitan resolver las demandas de sus munícipes.
Hoy en día los ayuntamientos no perciben ingresos significativos fruto del uso de sus suelos, publicidad exterior, etc.; Y no reciben ningún tipo de ingresos por la utilización de sus vías públicas, mucho menos de los negocios que se desarrollan en sus espacios.
En tal sentido, la posibilidad de los ayuntamientos de resolver las demandas y necesidades de sus munícipes es directamente proporcional a los recursos que perciba, en otras palabras, no es posible que los cabildos sean eficientes y eficaces en sus servicios cuando carecen de los recursos necesarios.
Necesitamos una mayor descentralización local libre de la injerencia del gobierno central.