EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Observatorio Político Dominicano (OPD) reveló en su más reciente estudio que la tasa de desempleo juvenil en República Dominicana es superior a un 20% anual entre los años 2008 y 2015.
La entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), explicó que si se toma en cuenta los jóvenes de 15 a 24 años la tasa aumenta a un 30% en el período 2008-2015, según las estadísticas disponibles, lo que supone un valor superior al desempleo general en el país.
“Si se toma en consideración a los jóvenes que recién ingresan al mercado de trabajo (los que comprenden edades entre los 15 y 24 años) la tasa aumentaría a un 30%, lo que está por encima de la media latinoamericana y alrededor de tres veces el promedio mundial”, señala el informe que realiza un análisis comparado con otros países de la región.
“Proyecto de ley de Pasantía Juvenil: desempleo y falta de oportunidades”, de la autoría de Flor Batista Polo y Jean David de Jesús Adón, coordinadora e investigador de la Unidad de Poder Legislativo del OPD, explica que en promedio, de 2008 a 2015, la tasa de desempleo juvenil fue 7.2 % más alta que la de desempleo general.
Los investigadores puntualizaron que se debe tomar en cuenta que dentro del grupo de desempleados jóvenes están los que ni estudian ni trabajan (NI-NI) que al 2015 superaba los 400,000, conformado principalmente por mujeres, que representan el 63.6 %.
El informe también profundizó sobre el Proyecto de Ley de Pasantía Juvenil de la autoría de la legisladora Karen Ricardo, sometido por primera vez en el año 2007.
“Esta iniciativa busca mejorar las experiencias laborales y la transición de la escuela al trabajo a través de la generación de un sistema de formación dual para jóvenes (Formación laboral en conjunto con cursos técnicos) y ha sido reintroducida aproximadamente cinco veces en la Cámara Baja, siendo la última vez el 26 de octubre de 2016. No obstante, perimió al término de la primera legislatura ordinaria de 2017”.
La iniciativa sugiere que se acredite a las instituciones que contraten pasantes el 10 % de lo invertido en las retribuciones económicas asignadas a los aprendices.
Conclusiones y recomendaciones
“Debido a las experiencias y discusiones actuales en América Latina, el Poder Legislativo debería considerar discutir en vistas públicas con los sectores involucrados este tema, así como prestar más atención a los incentivos, especialmente, en un país donde el gasto fiscal alcanzó, para 2017, los $231,125.6 millones de pesos (6.4 % del PIB). De lo contrario, establecer mecanismos de fiscalización y evaluación hacia las empresas antes de otorgarles este tipo de exención es una idea que aseguraría la inversión del Estado y la efectividad de la normativa”, sugiere la investigación.
Añade que otra forma de incentivar a las empresas a que contraten pasantes sin la necesidad de erogar beneficios fiscales es promoviendo una participación más activa del Estado. “En ese sentido, el Gobierno puede encargarse de las etapas de capacitación de los pasantes y otros aspectos de fiscalización y evaluación a las empresas contratantes”.
Para el año 2017, el documento señala, se estimó que el grupo de 15 a 34 años se encontraba en 3,467,547, el 34.1 % del total de la población. Estas proyecciones indican que para el año 2030 este conjunto poblacional superará los 3.5 millones de personas.
En tal sentido, aunque en la región existen países que emulan normativas sobre el tema, no existe un modelo ideal. La lección es que para un aprovechamiento del potencial de las pasantías y otros modos de aprendizaje mixto, la legislación debe de ser específica, exhaustiva y adaptada a las necesidades del mercado. Al mismo tiempo, los mecanismos de acción, control y promoción deben de estar mejor definidos. Por todas estas razones, la discusión y debates en vistas públicas con los sectores e instituciones interesados son de suma importancia”, concluye el análisis del OPD-FUNGLODE.
