Mejía recordó la decisión del pleno de la Corte Suprema del 21 de diciembre de 2015, cuando se ordenó la «detención provisional como medida cautelar personal» de Martinelli ante el «peligro de fuga», y que la misma no tenía solo fines de extradición como ha interpretado la defensa, explicó el magistrado.
Ante el argumento de la defensa de que el expresidente padece de una condición crónica del corazón, Mejía dijo que «hoy mismo» ordenará que médicos autorizados lo atiendan en la cárcel El Renacer, donde fue recluido tras llegar al país.
Si los galenos certifican que «está en una situación de urgencia se autorizará el traslado» de Martinelli a un centro de salud, como solicitó la defensa, lo que no significaría una sustitución de medida cautelar según explicó el magistrado durante la «diligencia de comunicación de derechos», que comenzó este lunes con una hora de retraso y se prolongó durante casi tres.
«Sencillamente yo no estoy en buenas condiciones médicas» para permanecer en una cárcel, expresó Marinelli al juez al detallar sus males cardíacos y hasta un posible cáncer de próstata.
El expresidente, de 66 años, denunció visiblemente alterado que «todos sus derechos han sido violados» en este proceso de las escuchas, por el que enfrenta delitos que suman penas de hasta 21 años de prisión de acuerdo a la acusación fiscal.
«Responsabilizo a todos los aquí presentes si a mí me pasa algo, sufro de glaucoma», añadió el presidente, que casi al final de la diligencia se indispuso físicamente por una aparente arritmia, según un médico presentado por la defensa en la sala de audiencias, por lo que pidió la suspensión del acto, a lo que Mejía no accedió.
El magistrado de Garantías también aclaró que el año que Martinelli estuvo preso en Estados Unidos a razón de la solicitud de extradición no tiene nada que ver con el proceso en Panamá, por lo que el plazo de su detención preventiva comienza a correr este lunes.
La detención en una cárcel federal de Miami (EE.UU.) se dio «para cumplir el tratado (de extradición bilateral), no para que cuente como medida cautelar», argumentó Mejía.
El abogado defensor, Carlos Carrillo, se mostró en desacuerdo con esa interpretación del juez y anunció que presentará un «recurso de apelación» contra la misma.
Carillo además insistió en las condiciones de salud del expresidente y exigió «que se ordene la hospitalización» que, sostuvo, recomendaron cuatro médicos que lo vieron esta tarde en la cárcel El Renacer.
Durante esta diligencia se informó a Martinelli que la acusación presentada en octubre de 2015 por el magistrado fiscal, Harry Díaz, incluyen los delitos de «interceptación de comunicaciones sin autorización legal; seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización legal; peculado por malversación, y peculado por uso».
Al leer la acusación fiscal, Mejía recordó que «para la comisión de esas actividades ilícitas y violatorias de los derechos humanos se estableció por parte de Ricardo Martinelli un aparato organizado de poder que actuaba al margen del estado social y democrático y de derecho».
Mejía también leyó sus derechos a Martinelli, entre ellos que se presuma su inocencia mientras no se pruebe lo contrario; que tiene derecho a la asistencia de un abogado de su elección, a no declara contra si mismo, a no estar incomunicado, a no ser sometido a torturas o tratos crueles, y a tener pronta atención médica.
A esta diligencia de comunicación de derechos asistieron casi todos los representantes legales de los querellantes, es decir, las víctimas de los pinchazos, y el fiscal Díaz, además de Martinelli y sus defensores.
Martinelli llegó este lunes a Panamá tres años y medio después de haberse ido y tras permanecer un año preso en EEUU.
Por EFE
