Mably, Rousseau y la desigualdad

Por Jottin Cury hijo

Recientemente observé un programa de televisión en el que se calculaban las fortunas de los grandes magnates de la tecnología, casi todos miembros del Cartel del Silicon Valley, que no pude menos que sonrojarme. Esas sumas fabulosas acumuladas por estos personajes, cuyos méritos nadie discute, colocan en tela de juicio el sistema capitalista y el inevitable declive de los Estados Unidos como imperio económico. Mientras algunos amigos se asombraban de que montos tan escandalosos puedan concentrarse en pocas manos, en apenas un puñado de hombres, me preguntaba si no constituye una vergüenza que un modelo económico, sea cual fuere, permita que sucedan cosas como estas. Moisés Naim ha señalado con propiedad que nada malo tienen las fortunas producto del trabajo, esto es, forjadas en el mercado y no a expensas del Estado como frecuentemente ocurre en países pobres y atrasados como el nuestro.

Ciertamente resulta difícil discrepar de este intelectual venezolano cuando expresa que el mercado es un adecuado medio para la distribución de la riqueza, a diferencia del Estado que es para servir al bienestar general.

Razonamiento impecable que no admite mayor discusión; ahora bien, ¿cuál es el límite de toda riqueza o acumulación de capitales, a sabiendas de las profundas e hirientes desigualdades sociales que esto genera? ¿Es justificable un sistema que permita esta enorme brecha entre unos pocos privilegiados y la inmensa mayoría? ¿No deberíamos todos los ciudadanos poseer algo para alcanzar cierto equilibrio socioeconómico? Todas estas interrogantes me obligaron a examinar las ideas de algunos filósofos clásicos del siglo XVIII como Juan Jacobo Rousseau, Gabriel Mably, entre otros que han cuestionado la distribución de las riquezas y la desigualdad.

Iniciemos con Mably, quien perteneció a la nobleza de su época y estudió en un Colegio de Jesuitas de Lyon, precursor del socialismo utópico que cuestionó la propiedad privada y la desigualdad como causa de los desequilibrios sociales. De conformidad con sus ideas, el Estado tiene por misión hacer reinar la virtud y la propiedad individual no es otra cosa que el producto del egoísmo y, además, la causa generadora de todos los odios y confrontaciones sociales. Sus ataques a la propiedad son severos por considerar que la desigualdad de riquezas es el origen de todos los infortunios.

El escritor francés, Paul Janet, en su obra “Orígenes del Socialismo Contemporáneo”, al referirse a Mably apunta: “Demostró como lo habían hecho Platón y Aristóteles, que la única causa de todas las revoluciones residía en la desigualdad de las propiedades. Los pobres se vieron obligados a vender sus servicios y los ricos usurparon la autoridad pública: los pobres entonces se rebelaron; de ahí los disentimientos y las guerras civiles que desgarran todas las repúblicas”. Se observa, pues, que este pensador combatió la propiedad hasta el punto de que no creía en una mejor distribución de la misma, sino en abolirla.

Una vez finalizada la Revolución francesa surgieron discusiones teóricas en cuanto al derecho de propiedad, cuyos postulados siguen preservando vigencia a una distancia que excede los dos siglos. De acuerdo con las ideas de Mably, la igualdad y la comunidad son naturales, razón por la cual considera que nada es más difícil de comprender como el origen de la propiedad.

Se apoyaba en el precedente de Licurgo, en Esparta, que no se limitó a repartir tierras, sino que negó la propiedad a los ciudadanos y únicamente les reconoció la cualidad de usufructuarios. Por el contrario, Rousseau sostiene que “cada individuo, al entrar en el contrato social, entraba enteramente, con todas sus fuerzas, de las que sus bienes son parte integrante”.  Esta enajenación a la que se refiere Rousseau no consiste en una expoliación, dado que la comunidad asegura la propiedad.

Se trata de dos posiciones distintas, pues de conformidad con el criterio de Rousseau la comunidad “nos asegura la legítima posesión, cambiando así la usurpación en derecho y el usufructo en propiedad”. En otras palabras, se preocupaba por fijar límites al derecho de propiedad, al señalar: “El derecho que cada particular tiene sobre su propia tierra está subordinado al derecho que sobre todos ellos tiene la comunidad”. Las normas eran para el autor del Contrato Social un instrumento de la clase dominante, ya que afirmó: “las leyes son siempre útiles para los que poseen y perjudiciales para los que nada tienen; de donde se sigue que el estado social no es favorable a los hombres sino cuando todos tienen algo y ninguno posee con exceso”. En consecuencia, la posesión de bienes, aunque sea mínima, resulta esencial en la concepción de Rousseau para que las normas de convivencia social puedan adquirir sentido.

Ahora bien, un sistema que le permita a un reducido número de personas adquirir sumas escandalosas, así sea en buena lid, resulta cuestionable a la luz de lo que expresan estos y otros autores. No es verdad que en el marco del capitalismo todos los ciudadanos se encuentran en capacidad de adquirir bienes y servicios en cantidades más o menos análogas o proporcionales. Siempre los más hábiles, laboriosos y diligentes acumularán fortuna en desmedro de los más débiles.

De ahí la necesidad de un Estado fuerte que intervenga para nivelar o, si se prefiere, crear cierto equilibrio entre fuertes y débiles, ricos y pobres, acomodados e indigentes. Rousseau abogaba por cierta equidad en la distribución de la riqueza. Paul Janet critica sus puntos de vista al expresar: “En el fondo, pues, en Juan Jacobo Rousseau sólo encontramos doctrinas incoherentes acerca de la propiedad, justas unas veces y erróneas otras, y por eso ha dado al socialismo moderno fórmulas más bien que argumentos. No ocurrió lo mismo con su discípulo, el abate Mably, quien sin escribir como Rousseau en un ambiente de rebelión y de odios formuló antes que nadie toda la teoría del comunismo”.

Al margen de los puntos de vista sobre el papel de la propiedad privada y la desigualdad que genera su distribución en una sociedad determinada, lo cierto es que, como señalaba Rousseau, se le debe garantizar un mínimo a los más desvalidos. Es lo que se denomina actualmente como mínimo vital. Si bien es verdad que resulta difícil ponerle un tope a la riqueza que pueda acumular una persona o grupo empresarial, no menos cierto es que las políticas impositivas deben ser más severas para los que acumulan grandes capitales. Por eso, la progresividad fiscal constituye un mecanismo idóneo para gravar en función de la riqueza acumulada, debiendo recaer los impuestos, fundamentalmente, sobre las fortunas más sólidas. Pero acontece que los políticos prefieren repartir las cargas proporcionalmente entre ricos y pobres, mediante los impuestos indirectos o al consumo.

El profesor Diego López Garrido, en diversas conferencias pronunciadas en nuestro país, ha expresado que nada es más injusto que establecer impuestos indirectos o al consumo, puesto que recae por igual sobre todos los ciudadanos. Sostiene, en cambio, que lo procedente es gravar los grandes capitales, los cuales deben aportar mayores ingresos al fisco. Y es lógico que así sea, en razón de que se impone la proporcionalidad en función de lo que se posee, esto es, se contribuye en correspondencia a las posibilidades que se tienen y no sobre la base de una supuesta y falsa igualdad. Las estadísticas suelen ser engañosas, toda vez que conforme a las mimas si una persona, por ejemplo, tiene diez pesos y otra no tiene absolutamente nada, se computa matemáticamente un promedio de cinco pesos para cada una, cuando en realidad es una sola la que posee los diez pesos.

Lo mismo sucede con la distribución de la carga impositiva en una sociedad determinada. De manera que se debe recurrir al principio de discriminación positiva para alcanzar un aceptable nivel de equidad social. La progresividad fiscal es lo que procede en estos momentos que se ha puesto sobre la mesa la necesidad de una reforma tributaria para costear los gastos sociales. Pero retornando a los cuestionamientos que se han formulado sobre la propiedad, la desigualdad y los modelos económicos, se debe reconocer que la abolición de la propiedad no es la solución a los malestares sociales como afirmaba Mably, así como tampoco los modelos sustentados sobre la base de la economía de mercado que propician una excesiva concentración de riquezas en pocas manos.

Los sistemas económicos deben ser eclécticos, asumiéndose lo mejor de cada uno, con la finalidad de evitar las grandes desigualdades. Por tanto, las políticas fiscales son herramientas esenciales para una mejor distribución de la riqueza. Esa es la razón por la cual los legisladores constituyentes trazan pautas para orientar la economía, sin decantarse por un modelo determinado, pues la flexibilidad es pauta de una buena economía. La clave siempre descansará en asegurar un mínimo vital para las mayorías más desvalidas, puesto que no se justifica la distancia abismal que cada día se ensancha con ocasión de la desmesurada concentración de recursos en pocas manos y, por otra parte, la indigencia en que viven millones de seres humanos.

Por Jottin Cury hijo

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