El tema haitianos debe estar en la lista de prioridades del gobierno para los venideros doce meses. En su primer año después de la reelección, el presidente Danilo Medina dejó al lado diplomático el tema haitiano. Se bajó la guardia en relación con otras jornadas.
A muchos les da la impresión de que el gobierno tiene una mano demasiado floja cuando trata sobre la migración haitiana. El problema es de amplio interés en la seguridad nacional, y tiene que ser abordado en forma responsable.
Sin atropellos ni violaciones a los derechos humanos, el gobierno tiene que hacer respetar la Constitución y las leyes dominicanas, en el caso de esos emigrantes haitianos que se encuentra en nuestro país de forma irregular.
Dentro del marco del respeto internacional hay que hacer valer nuestro derecho territorial y nuestra soberanía. Poco importan en este caso los deseos de los Estados Unidos de que se dé una refundición entre los dos países. La República Dominicana es libre, independiente y soberana, y ninguna potencia extranjera puede venir a dictar normas de como defendemos lo nuestro.
La inseguridad es otro punto de importancia en la agenda presidencial. A pesar de los esfuerzos hechos en los pasados doce meses, la inseguridad se ha multiplicado. No puede terminar con la ola de delincuencia una sola acción policial, sino que aparte de la represión tienen que haber condicionantes sociales.
Los soldados y punta de lanza del crimen organizado o individual salen de la marginalidad, del detritus social. La mayoría de las prostitutas son muchachas humildes, residentes en los cordones de miseria. Hay que acabar con las injusticias sociales y darle más al pobre, para que se pueda subir un escalón en la lucha contra el crimen.
Con mejores condiciones sociales en los barrios, elevando el nivel económico de los residentes en esos tugurios de miseria y evitando la deserción escolar, se podrá ir controlando la delincuencia.
Un hecho colateral de esa delincuencia son los miles de madres adolescentes. Una niña que no sabe leer ni escribir con un hijo y sin posibilidades de acceder a un empleo lucrativo, es echar levadura al pan de la discordia social.
Continuar con la modernización de la policía es una obligación de las autoridades. También el ministerio público se debe adecuar a los tiempos presentes. Hay que llevar la confianza hacia la justicia. Los jueces son soberanos e independientes, pero desde el gobierno central se puede jugar un papel trascendental en dar los pasos para hacer de la justicia un organismo más creíble y limpio.
El país necesita dar un salto adelante. Sino lo da se corre el riesgo de dar un traspiés hacia el vacío. Las
instituciones nacionales todavía son de cartón, y hay que hacerlas de hormigón y blindarlas. Es un trabajo en el que debe participar todo el pueblo. Nadie puede hacerlo solo. De ahí la importancia de que los gobernantes sepan mantener el don de la concertación. ¡Ay!, se me acabó la tinta.