Los maestros tienen el deber y el derecho

Por Francisco Luciano Martes 28 de Marzo, 2017

La sentencia de un juez, que declaró ilegal una huelga de maestros en la provincia de Barahona, puede ser aprovechada por los actores del sector educativo, como una oportunidad que lleve a definir un acuerdo que garantice el derecho a la educación sin interrupciones y al mismo tiempo adecuar los ingresos del magisterio.

De lo que se trata es de que prime, un mecanismo con fuerza de Ley, para evitar pérdida de docencia por paros y huelgas de maestros.

El juez, decidió conforme el criterio de beneficiar a la mayoría, en este caso los estudiantes y sus familias son numéricamente superiores a los maestros reclamantes y eso habría de esperarse en una sociedad que aspira a construir un Estado Social de Derechos.

Los maestros podrían alegar que el derecho a la huelga, está motivado en que sus bajos salarios atentan contra sus vidas y que la vida es el derecho más importante. La decisión del juez, también puede ser interpretada como la criminalización de la huelga, pues a partir de la sentencia esta pasa a ser ilegal, creando un precedente, al que podría invocarse para anular cualquier paralización futura.

Independientemente, de la interpretación que se pueda tener, a favor o en contra, de la decisión del juez de Barahona, la medida resulta simpática a una amplia mayoría de la sociedad que asume, con toda razón, que la falta de educación es un factor determinante para reproducir los niveles de pobreza, violencia, criminalidad y corrupción que padece República Dominicana.

La acción de paralizar la escuela, tiene a partir de la tanda extendida, un componente que impide que los padres vean dichas paralizaciones con simpatías, pues ahora la escuela es garante de la alimentación de los alumnos y de su cuido hasta las cuatro de la tarde, lo que permite a los padres y tutores, comprometer ese tiempo en otras actividades que se afectan cuando los niños deben quedarse en el hogar.

Tenemos que reconocer, que salvo por el astreintes de cincuenta mil pesos diarios contra la Asociación Dominicana de Profesores, el Estado no dispone de ningún mecanismo para obligar a los maestros a reintegrarse a sus labores, que no sea apelar el civismo de estos, es decir. que acojan la sentencia por simple respeto a la Ley. Esta sentencia plantea un reto a los maestros que tendrán que ser más creativos, aplicando métodos de lucha que resulten efectivos, al tiempo que persuadan a la comunidad nacional de sus justas razones.

De su lado el gobierno, que constitucionalmente tiene la obligación de garantizar el derecho a una educación pública, pertinente y de calidad para todos los dominicanos, , debe garantizar que el maestros como recurso fundamental para gestionar el proceso educativo, pueda disponer de las condiciones materiales que le den la paz de espíritu necesaria para acometer su labor, libre de preocupaciones y tormentos.

Una manera para dejar atrás las paralizaciones por demandas salariales en el sector educativo, y que podría ser extensiva al sector salud, sería la adopción de un acuerdo de ley, que establezca cual debe ser el salario ideal de los maestros, y coloque en cada presupuesto, durante un periodo de tiempo específico, un incremento al salario de los maestros equivalente a la inflación acumulada del año que cierra, más un 5% al salario base, hasta alcanzar el salario justo pactado y a partir de ahí, ósea alcanzado el monto de salario establecido, cada año se indexe el salario de médicos y maestros aplicando un incremento equivalente a la inflación acumulada en el año inmediatamente anterior. Así puede garantizarse la paz educativa del país

 

Loa maestros tienen el deber de educar, formar y orientar a sus alumnos para hacerlos ciudadanos con los valores que requiere la nación dominicana para perpetuarse, pero también tienen el derecho a ser remunerados de manera justa y por lo tanto debe aplicarse una medida, que corrija en el tiempo los bajos salarios que todavía perciben, y no se puede olvidar, que el maestro es un servidor protegido en su integridad y dignidad por los poderes públicos, de acuerdo con nuestra constitución política.