El fenómeno de la inmigración irregular, es un flagelo de la sociedad y de la conducta humana, ya que el mismo viene motivado por la desigualdad social y la injusta distribución de la riqueza que producen los países del mundo. Un factor fundamental que caracteriza la inmigración, es que el éxodo se produce desde un país pobre o en vía de desarrollo, a otro con mayores niveles de bienestar.
En tal sentido la polémica medida del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump, han logrado de entrada, que millones de ciudadanos de distintas naciones podres, hayan desistido de viajar a ese país en busca del famoso “sueño americano” por temor al fracaso; una victoria real que se ha apuntado el atípico inquilino de la Casa Blanca.
La controversial orden ejecutiva que impedía viajar temporalmente a ciudadanos de siete países, de mayoría musulmana, fue bloqueada por un tribunal federal, sin embargo la Casa Blanca, en lo que puede entenderse como un cambio de estrategia, pero en la misma dirección, tomó la decisión de no apelar el fallo y, en su lugar, implementar nuevas órdenes ejecutivas o decretos que endurecieron la difícil situación de los más de 20 millones de indocumentados. Así mismo la anunciada construcción del muro fronterizo con México, país con el que comparte 3,200 kilómetros de fronteras….
En este punto el mundo se ha dedicado a criticar la medida, amparada en el fenómeno de la globalización y el liberalismo, sin embargo no se habla de los cientos de miles de vidas humanas perdidas que ese muro evitará con el actual tráfico de seres humanos que realizan las mafias en una frontera que de esos 3,200 kilómetros, solo 1,100 están vallados. Los 2,100 restante están como la frontera dominicana y haitiana.
La construcción de esa monumental obra de infraestructura por un costo inicial del más de US$15.000.000 de parte de la administración Trump, permitirá a México tener un mejor control de su propia migración y resolverá un problema interno en los Estados Unidos. En cualquier otro país desarrollado todo extranjero irregular que cometa un delito criminal, al cumplir su pena, es deportado a su país de origen y esa máxima, no se cumple a cabalidad en Estados Unidos donde más de tres millones de indocumentados tienen esa condición y están en las calles.
Si analizamos el fondo de las pretensiones de Trump en este sentido, nos daremos cuenta que es justamente lo que deseamos que se haga en nuestros respectivos países, donde también existe el fenómeno de la inmigración ilegal. En República Dominicana, por ejemplo, el gobierno, durante el periodo 2013 al 2015, sufrió los embates de gran parte de la población que reclamaba la aplicación a ultranza de la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que ordenó revisar el Registro Civil desde la fecha de la sentencia hasta el año 1929, un año antes de la instauración del régimen trujillista.
Durante esos dos años, una mayoría de dominicanos exigíamos la deportación inmediata de más de un millón y medio de ciudadanos haitianos residentes de forma irregular en nuestro territorio y no faltaron quienes acusaron al gobierno y otros sectores de la sociedad civil de antipatriotas, por intentar buscar una salida humana al drama social acaecido por la citada sentencia 168/13 del TC. Ahora en todos los países, incluido el nuestro, son esos mismos sectores y personas los que definen al presidente estadounidense como un hombre despiadado por intentar poner orden en su país, haciendo uso de su derecho constitucional.