La intervención telefónica es un delito legalmente. Es decir, nadie puede, sin autorización de un juez, realizarla. Sin embargo, en el mundo de hoy lo hacen los Estados y particulares.
Las revelaciones que se hacen con esas intervenciones pierden fuerza en la medida en que se descubren situaciones inaceptables. En ocasiones violaciones de los propios Estados y de particulares.
Y con la explosión de la tecnología cada vez es más fácil realizarla. Y siendo así esa disposición legal es igual cada vez más inobservada. Los casos de WikiLeaks y los WhatsApp del gobernador de Puerto Rico son emblemáticos, revelaron secretos y personalidades.
La sanción pierde fuerza ante el impacto social de lo revelado.