Llegó a la República Dominicana la nueva embajadora de los Estados Unidos. Con ella no hay sorpresas. Le va a tocar implementar en el país la línea política norteamericana. Un embajador no tiene posiciones propias, sino que es la voz de su gobierno donde está acreditado.
Los norteamericanos tienen bien expuesta cuál es su posición sobre nuestro país. Nos han intervenido en dos ocasiones, y son claros sobre el tipo de gobierno que para ellos debe existir aquí. Su dominación económica y política norma las acciones nacionales.
Somos partidarios de la libre interdependencia de los pueblos, que se mantenga el espíritu democrático, que ninguna nación puede violentar las normas del respeto a la soberanía y la independencia, y mucho menos intervenir en acciones propias sobre el desarrollo y la sobre-vivencia de un país.
De ahí, que por siempre los dominicanos se han parado cuando se quiere imponer una línea intervencionista, donde se desconozcan sus derechos, donde se acometan violaciones al orden institucional propagadas por una gran potencia.
De los temas más urticantes que tienen los dominicanos hoy está la situación de la industria minera, y la masiva llegada de haitianos ilegales. En los dos casos, hay una posición férrea de los Estados Unidos, que necesariamente no va de acuerdo con el interés nacional.
La minería dominicana, la presente y la que se pueda desarrollar en un futuro cercano, ya está controlada y explotada por los norteamericanos, los canadienses y los europeos. Parte de nuestra soberanía se pierde por ese sendero.
Pero desde el pasado embajador de los Estados Unidos, hay una línea internacional para que se dé la nacionalidad dominicana a haitianos ilegales. La nueva embajadora ya se pronunció sobre ese aspecto en el Congreso norteamericano. Ella viene a defender la propuesta de que se amplíen los programas de aceptación de los inmigrantes ilegales haitianos.
No es su posición personal, sino la del gobierno de los Estados Unidos. Los norteamericanos consideran que los haitianos nacidos en el país, hijos de ilegales, son dominicanos, lo cual se contrapone con la Constitución nacional. Imponer ese concepto a la fuerza, sería una violación de nuestras instituciones.
Parte de la política norteamericana es que se aligeren las medidas de control de indocumentados en el área de la frontera. Quieren quitar explosión social en Haití, permitiendo que miles de nacionales del vecino país, sean refugiados económicos en la República Dominicana.
Una barbaridad. Una injerencia en nuestros problemas internos. Ya está en el país, pero no ha presentado sus credenciales, por lo que desde ya hay que seguir paso a paso a la nueva embajadora. Dará dolores de cabeza, y hasta jugará un papel estelar en el desarrollo de la campaña electoral. ¡Ay!, se me acabó la tinta.
Por Manuel Hernández Villeta