«En este contexto histórico hacemos el llamado ciudadano a toda la población, barrios, y comunidades, unirse al paro general de 24 horas, el martes 12 de junio, en la ciudad de León», destacó la Articulación Leonesa de la Sociedad Civil, que aglutina a estudiantes, trabajadores, empresarios, profesionales, comerciantes, transportistas, entre otros.
El objetivo de los gremios es que León, que está a 97 kilómetros al noroeste de Managua, sea la segunda ciudad de Nicaragua que se declare en paro general, una semana después de que lo hizo la población de Masaya, ubicada 29 kilómetros al sureste de la capital nicaragüense.
El paro general significa «no asistir a los centros laborales, centros de estudios, no comprar combustible y no asistir a centros de recreación», explicó la Articulación Leonesa.
«Este paro será una demostración de lucha cívica, pacífica y en unidad con los hermanos campesinos, estudiantes y población de cada uno de los tranques (bloqueos) de Nicaragua», agregaron los gremios.
Hasta antes del 18 de abril pasado, cuando se inició la crisis, Masaya y León eran dos de los principales bastiones del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Luego de la denominada «insurrección pacífica», los ataques del Gobierno contra la población de ambas ciudades, por medio de la Policía Nacional y grupos de choque conocidos como «turbas», han sido continuos, en especial en contra de Masaya.
Los ataques, que según organizaciones humanitarias incluyen «ejecuciones extrajudiciales» con francotiradores, han dado lugar a que las poblaciones de León y Masaya bloqueen las carreteras, con el fin de evitar los asesinatos.
«Si no estás en un plantón o en un tranque, tu hogar será el bastión de lucha», resaltó la Articulación Leonesa, en su mensaje de paro general.
Nicaragua cumple hoy lunes 55 días de la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980 que ha dejado al menos 139 muertos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Las protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
Por EFE
