EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Simón Lizardo es un aliado de fortaleza para el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), llegando a ocupar cargos de renombre en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina, pasando a ser ministro de Hacienda, administrador del Banco y Contralor de la República.

Su última función pública la desempeñó como administrador del Banco de Reservas, desde el 2016 hasta el 2020, en el último período gubernamental de Danilo Medina. Este puesto lo trae nuevamente a la palestra pública por las investigaciones que llevan a cabo los procuradores anticorrupción y en las que se acusa a Lizardo de estafa contra el Estado, alteración de documentos públicos y coalición de funcionarios por supuestamente manejar irregularmente más de $21,000 millones de pesos en pagos a contratistas.

Pero esta no es la primera vez que Lizardo se ve en la lupa de las autoridades judiciales. Durante el primer gobierno del expresidente Leonel Fernández (1996-2000), este importante dirigente peledeísta ocupó importantes cargos, pero a la llegada al poder del expresidente Hipólito Mejía fue acusado y apresado por presuntamente manejar directamente y sin controles contables la suma de RD$1,438 millones de pesos destinados para el Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME).

Por el caso PEME fueron arrestados y sometidos a la justicia los exfuncionarios Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe NG Cortiñas, Luis Inchausti, Noe Camacho, Grecia Peguero y León Antonio López.

Posteriormente, los jueces encargados de conocer el caso dejaron en libertad a estos imputados el 15 de marzo del 2002 otorgándoles como medida cautelar una fianza de RD$15 millones a la par de presentarse a las audiencias que esclarecerían el proceso.

Este caso se mantuvo por años en un limbo judicial y, por esto, las autoridades dirigentes del PLD, en aquel entonces, acusaron al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de perpetrar una persecución política contra los militantes morados, ya que fue durante el gobierno deo Mejía, en el 2000, cuando se presentó formal acusación a los implicados en el caso PEME.

Luego de batallar por años en las salas de audiencias dominicanas, el 04 de abril del 2007, durante la vuelta al poder del expresidente Fernández, un tribunal del Palacio de Justicia exoneró de responsabilidad penal a cuatro de los implicados en el caso, incluido Lizardo, y eliminó las medidas coercitivas que pesaban en su contra.

El tribunal, presidido por la magistrada Sarah Veras e integrado por Dania Medina e Ingrid Fernández, adoptó la decisión tras acoger un pedimento de las fiscales adjuntas Ramona Nova, Ninozca Cossio e Yvon Sánchez, quienes pidieron la absolución de los exfuncionarios, luego de que decidieran excluirlos de la pieza acusatoria.

Doce años después de su exclusión de todo tipo penal, Lizardo vuelve a la mirilla del Ministerio Público por presuntos actos de corrupción mientras fue titular de Hacienda y funcionario en el Banco de Reservas.

Lizardo acudió en la tarde de este miércoles al interrogatorio en la Procuraduría General de la República, ante acusaciones de presunta corrupción administrativa.

El exfuncionario sostuvo que deberá volver a la Procuraduría General de la República en los días siguientes.

Lizardo manifestó que el tratamiento por parte de las autoridades “ha sido cordial y respetuoso. Esto va a continuar y en la medida que se vayan respondiendo las inquietudes del Ministerio Público, en esa misma medida imagino que el caso culminará”.

Es ahora tarea de los procuradores determinar si las acusaciones que pesan en su contra son ciertas o falsas. Para esto, las autoridades, encabezadas por Miriam Germán Brito, llevan a cabo una serie de interrogatorios que pretenden esclarecer los hechos de presunta corrupción.