Límites de la potestad discrecional de la administración

Por Yulibelys Wandelpool lunes 5 de abril, 2021

El poder discrecional concedido a la Administración se encuentra revestido de un límite, que algunos autores definen como absoluto o total, habida cuentas que un acto administrativo dictado en el marco de la discrecionalidad administrativa no puede ser arbitrario, esto debido a que el poder de libre apreciación de los hechos y la oportunidad de actuar, no implica que su actuación pueda ser arbitraria.

En lo que a la potestad discrecional administrativa se refiere, pueden identificarse un conjunto de límites naturales o intrínsecos, que derivan de las particularidades que entraña la figura objeto de estudio; y un conjunto de límites relacionales o extrínsecos, resultado de su ejercicio e interacción con lo social, sin ser excluyentes unos y otros.

En el marco de los límites naturales o intrínsecos, podríamos apuntar, en primer término, a la norma jurídica discrecional, en relación al principio de legalidad; con influencia conexa al principio de interés público, fundamento de todo el quehacer administrativo y especialmente del actuar discrecional. Éste no se refiere a la sumatoria de los intereses de un número de personas, sino de aquellos que se comparten entre sí; por tal motivo no se aparta de la idea del interés privado. Se integra como un concepto jurídico indeterminado, que por sus características de mutabilidad precisa ser interpretado e integrado por la Administración conforme los supuestos en que debe apreciarlo.

Fernando Sainz Moreno defiende la existencia de un “interés público general” y un “interés público especial”, visto el primero como el que afecta a toda la comunidad, y el segundo como el que afecta a ciertos sectores de la sociedad. Esta posición da cabida a la posibilidad de enfrentamiento entre esos varios intereses que, por supuesto, se resolvería atendiendo al interés general, fundamento y límite de las potestades administrativas.

Los límites de la discrecionalidad suponen una imposibilidad a que los funcionarios actúen de manera arbitraria, lo que nos abre un punto de debate entre la discrecionalidad y arbitrariedad. Aunque suelen aparecer relacionadas de manera de confusa, son conceptos diferentes, sin posibilidad de sinonimia.

La discrecionalidad configura el ejercicio de una potestad legal, que provee a la Administración de una estimación subjetiva para ponderar la solución que se asimile de mayor provecho al interés general, de conformidad con lo establecido en la ley.

En otro orden, Luis Recaséns Sichés establece que la arbitrariedad consiste en “que el poder público, con un mero acto de fuerza, salte por encima de la norma o criterio vigente en un caso concreto y singular, sin responder a ninguna regla de carácter general” y se caracteriza por expresar la voluntad ilegítima de quien ejerce el poder, no constituyendo una potestad reconocida por el Derecho, sino una definición que se sustrae del Derecho.

Por su parte, el funcionario que actúa arbitrariamente, se exime de justificar sus actuaciones, en el entendido de que son decisiones voluntarias, lo que la diferencia del accionar discrecional, toda vez que están condicionadas por ley a la motivación como requisito de validez. Fernández Rodríguez ha fijado postura, estableciendo que ambos conceptos son diferenciados por dos elementos: La motivación y la justificación.

La justificación requiere de las explicaciones que sustentan el modo de actuar que ha adoptado la Administración para su decisión. En términos de Juan Igartúa Salaverría esta exposición de razones es clave en la distinción de una decisión arbitraria.

En la misma línea de los principios, Gordillo, María Amparo Grau y José Luis Villar Palasí reconocen que no se pueden obviar aquellos que representan la noción de los principios generales del derecho como límite, un límite externo que no puede ser violado por el contenido de los actos obtenidos de una actuación discrecional.

Se destacan los principios de:

  1. A) Oportunidad que aúnan parte de la efectividad del resto de los principios que mencionaremos a continuación, y que se equipara con las normas de buena Administración.
  2. B) Racionalidad, conforme lo establecido en la Ley 107-13, “se extiende especialmente a la motivación y argumentación que debe servir de base a la entera actuación administrativa. La Administración debe actuar siempre a través de buenas decisiones administrativas que valoren objetivamente todos los intereses en juego de acuerdo con la buena gobernanza democrática”;
  3. C) Proporcionalidad, refiere a que la actuación de la Administración deberá ser proporcionalmente apegada al fin perseguido por la ley que confiere dicho poder discrecional.
  4. D) Buena fe, la Administración actúa en base a la legalidad y sin hacer incurrir al administrado en el error o utilizando mecanismos que vayan en detrimento de su posición o derechos, y que se reconduce a la confianza legítima;
  5. E) Equidad o igualdad de trato como se reconoce en la Ley 107-13: “las personas que se encuentren en la misma situación serán tratados de manera igual, garantizándose, con expresa motivación en los casos concretos, las razones que puedan aconsejar la diferencia de trato”;
  6. F) Eficacia y eficiencia, por los cuales la Administración deberá velar por la eliminación de cualesquiera obstáculos puramente formales que imposibiliten la consecución de sus objetivos y dar respuesta diligente a los administrados, en íntima relación con la observancia de todos los anteriores principios mencionados;
  7. G) Objetividad, como posible medida para evaluar la adecuación de los medios a emplear y de la decisión tomada.

Como delimitadores negativos de la acción del poder público, sustentado en los derechos fundamentales, que se reconoce como “regulación indirecta o inversa” en consideraciones de Gordillo. La existencia de límites para el ejercicio de la potestad discrecional administrativa marca uno de los aspectos fundamentales para su comprensión: conocer hasta dónde puede llegar la Administración. Su delimitación ha sido el fruto de la evolución de esta institución, en la medida que aumenta el ámbito de garantías del administrado, así aumentan los límites para la actuación administrativa.

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 Juan Igartúa Salaverría, “Discrecionalidad, arbitrariedad y control judicial” Revista Vasca de Administración Pública, IVAP, No. 46, Septiembre -Diciembre 1996, 98.

 María Amparo Grau, Tratamiento doctrinario y jurisprudencial de la discrecionalidad administrativa en Venezuela vol. 1 de El principio de legalidad y el ordenamiento jurídico administrativo de la libertad económica (Caracas: Ediciones Funeda, 2004) 93-94.

José Luis Villar Palasí, Apuntes de Derecho Administrativo, Tomo II (Madrid: Autor editor 3, 1977), 166.

Manuel Clavero Arévalo, “La doctrina de los principios generales del Derecho y las lagunas del ordenamiento jurídico” Revista de Administración Pública, No. 54, Septiembre – Diciembre 1967, 101.

Ley 107-13 sobre los Derechos y Deberes de las Personas en relación con la Administración Pública (República Dominicana: Congreso Nacional, 2013), artículo 3.4.

William Wade, Derecho Administrativo, Estudios de Administración, Traducción de Mariano Baena del Alcázar y Elena Bardon Fernández (Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1971), 90.

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