EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS, EFE.- Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron hoy prolongar seis meses más las sanciones económicas a Rusia por su papel en la crisis separatista en el este de Ucrania y por no haber aplicado suficientemente los acuerdos de paz de Minsk.
«Acordado. La UE extenderá sus sanciones económicas contra Rusia por la falta de implementación del acuerdo de Minsk», indicó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, después de que los jefes de Estado y de Gobierno comunitarios tomaran la decisión.
Durante su cumbre en Bruselas, los líderes de la UE escucharon de la canciller alemana, Angela Merkel, y del presidente francés, Emmanuel Macron, las últimas informaciones sobre la situación en el este de Ucrania.
Esos dos países representan a la UE en el llamado «formato de Normandía», en el que junto a Kiev y Moscú tratan de llegar a una solución para la crisis ucraniana.
La UE condiciona el fin de las sanciones económicas a Rusia a la aplicación total del acuerdo de Minsk y aún hay faltas en su implementación, que incluye la retirada de armamento pesado o el respeto al alto el fuego.
Las actuales sanciones vencen el próximo 31 de julio, fecha hasta la que tiene de plazo el Consejo de la UE para formalizar el acuerdo político adoptado hoy por los líderes y publicar las actas legales necesarias para la renovación de las medidas restrictivas.
Esas sanciones fueron introducidas por la Unión el 31 de julio de 2014, inicialmente por un período de un año, en respuesta a «las acciones emprendidas por Rusia, que suponían la desestabilización de la situación en Ucrania», recordó el Consejo.
A continuación, se reforzaron en septiembre de ese mismo año y, desde entonces, se han ido prorrogando.
Las sanciones están centradas en los sectores de las finanzas, la energía y la defensa, así como en el ámbito de los productos de doble uso, civil y militar.
Al margen de estas medidas, los ministros de Exteriores acordaron hoy prolongar hasta junio del año próximo las sanciones que habían impuesto a Rusia por la «anexión ilegal» de la península ucraniana de Crimea y el puerto de Sebastópol y que incluyen restricciones al comercio y las inversiones en esos territorios.
