Ley que obligaría a vacunarse es contrario a recomendaciones internacionales

Por Jhon Garrido

Proyecto de ley es contraria a la Constitución y al Derecho Convencional.

El Congreso Dominicano está debatiendo un proyecto de ley que obligaría a los dominicanos o personas residentes en RD a inocularse de manera coercitiva.

La RD he compromisaria de del derecho internacional. Promoverá la aplicación y el reconocimiento del derecho internacional. A si lo revela la Constitución en su artículo 26. Expresa nuestra carta magna que la nación dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales y que las normas vigentes de convenios internacionales regirán en el ámbito interno previo al reconocimiento por los poderes institucionales correspondientes.

No hay dudas que la RD reconoce el derecho internacional por mandato constitucional.

La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este último organismo de derecho es parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos (CADH), cuya convención fue ratificada por el estado dominicano, ambos organismos son d carácter regional y  de los cuales la RD es miembro y los reconoce como espacio de derecho. La OEA y la Comisión IDH emitieron La Resolución No. 1/2021 relativa a las Vacunas Contra El Covid-19 en el Marco de las Obligaciones Interamericanas de Derechos Humanos (Adoptada por la Comisión IDH el 6 de Abril de 2021).

Esta resolución prohíbe que la vacuna contra el covid-19 se de manera obligatoria para los ciudadanos de la región latinoamericana.

En la motivación de la resolución se acoge al consentimiento previo, y en consecuencia, establece en unos de sus considerandos que el consentimiento previo, libre, pleno e informado deriva de derechos reconocidos en el sistema interamericano, como el derecho a la salud, a recibir y acceder a información, así como a no sufrir injerencias arbitrarias en la vida privada y que, asimismo, es un aspecto central en el desarrollo de la bioética de los derechos humanos, entendida ésta como una herramienta necesaria para enmarcar como para resolver los retos y dilemas vinculados a la pandemia.

Mientras que el articulo No. 16 ordena que: “Toda vacuna contra el COVID-19 que el Estado vaya a suministrar debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la persona que la recibe. Ello implica que toda persona tiene derecho a que los prestadores de servicios médicos suministren información sobre las vacunas contra el COVID-19 que puedan recibir. Dicha información debe ser oportuna, completa, comprensible, clara, sin tecnicismos, fidedigna, culturalmente apropiada, y que tome en cuenta las particularidades y necesidades específicas de la persona.”

Por estas razones, una ley que obligue a sus ciudadanos y personas a ponerse la vacuna contra el COVID-19 es violatoria de la Constitución y el derecho convencional.

La OEA y la Comisión IDH son espacios que interpretan y hacen derecho. Sus resoluciones no solamente nos orientan sino que las mismas se nos imponen. Nuestro derecho interno debe ajustarse al derecho internacional que la RD ha reconocido.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como órgano contencioso tiene una línea jurisprudencial donde reconoce la responsabilidad internacional de numerosos estados de la región latinoamericana por estos no ajustar su derecho interno a la Convención Americana de Derechos Humanos y a las interpretaciones que esta corte hace de dicha convención.

La inobservancia de una regla internacional genera responsabilidad internacional para el estado. A si, el principio de buena fe que opera en el derecho internacional establece que los Estados deben cumplir las obligaciones asumida sin poder invocar para su incumplimiento el derecho interno, ver art. 27 de la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados. También fue adoptado este criterio en la sentencia de la Corte IDH en el Caso Almonacid Arellano Vs Chile, del 26 de septiembre de 2006.

Ya lo dijo la corte IDH: 165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado… Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal… Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras Sentencia de 29 de julio de 1988, Párr. 165.

 

 

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