EL NUEVO DIARIO, COSTA RICA.- Una ley aprobada el martes pasado por el Congreso de Costa Rica para bloquear la señal de telefonía móvil en las cárceles abrió este miércoles una polémica debido a la afectación que podría causar a las comunidades cercanas a los centros penitenciarios.
Los diputados aprobaron la ley la noche del martes en el segundo y último debate, con el fin de brindar una herramienta en materia de prevención del crimen y en favor de la seguridad ciudadana.
Sin embargo, entidades técnicas como la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) aseguran que los diputados no atendieron las advertencias de que esta ley, con su redacción actual, contiene vacíos legales y técnicos que harán imposible su total aplicación.
Según indicó hoy Infocom, la ley contiene dos obligaciones que serán de «imposible cumplimiento»: garantizar un 100 por ciento de bloqueo de señal celular y garantizar en un 100 por ciento que las comunidades vecinas no se verán afectadas.
«La legislación aprobada dista mucho a las buenas prácticas internacionales y se asemeja más a los casos ineficaces de algunos de nuestros países vecinos. Perdimos como país la oportunidad de aprobar una ley que aplicando las mejores prácticas sobre la materia, permitiera una solución acorde a nuestras necesidades», dijo la directora de Infocom, Ana Lucía Ramírez.
El diputado del oficialista Partido Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, señaló que las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) demuestran que los centros penitenciarios son lugares desde donde se cometen gran cantidad de delitos mediante teléfonos móviles, especialmente timos y estafas.
«Las personas privadas de libertad eluden los controles para ingresar teléfonos celulares y realizar estafas. Esta situación debe ser controlada por el Estado, pues velar por la seguridad de los ciudadanos es un deber prioritario», explicó el diputado.
La ley obliga a los operadores y proveedores de telefonía móvil a impedir la prestación del servicio en todos los centros penitenciarios del país, pero a la vez garantizar que no haya afectación para la población que reside en los alrededores.
Diputados como Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana, manifestó que el proyecto debió ser «depurado», atendiendo recomendaciones de diversas organizaciones técnicas que enviaron propuestas a los diputados.
En Costa Rica muchas de las cárceles están rodeadas de comunidades.
Según los datos más recientes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes, al cierre de 2017 Costa Rica tenía 10.927 espacios carcelarios y una población penitenciaria de 14.223 personas, para un hacinamiento del 30 por ciento.
El Mecanismo asegura que las cárceles del país se mantienen en «crisis» por el hacinamiento, problemas de infraestructura y carencia de personal profesional.
