Lavado de dinero un desafío para profesionales del derecho

Por Alcedo Margarin jueves 23 de noviembre, 2017

La Ley número 155-17 denominada “Ley Contra el lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, es similar a “un huevo en rotura del cascaron donde podría nacer un tierno pollito o una temible serpiente”; así la interpretó un joven abogado al escuchar la conferencia que dicté con el título indicado más arriba, en el Congreso “La Constitucionalidad de los Procesos Judiciales”, en la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA), donde asistieron más de 200 abogados, jueces, fiscales y estudiantes de la facultad de Derecho.

El jurista explicó su metáfora, agregando: “todo dependerá del elemento ético de los actores del sistema político-judicial, podría ser un pollo nutritivo para la cadena alimenticia humana siempre que el Poder Judicial aplique la Ley en consonancia del espíritu universal de contrarrestar el dinero ilícito que se utiliza para financiar los atentados terroristas pero esta normativa  podría ser mal utilizada y convertirse en una temible serpiente devorando  a las personas de no afectos a los intereses de las autoridades decisorias del Estado” puntualizó.

No nos solidarizamos con este planteamiento porque cualquier cambio puede producir incertidumbre  en el sector que se siente amenazado o afectado como está ocurriendo con  los profesionales del Derecho,  al ser  incluidos dentro de los sujetos obligados no financieros y entienden que no están preparados para cumplir las exigencias que establece la Ley 155-17, promulgada el primero de junio del 2017.

Estas  aprensiones son manifestadas  en los foros académicos, en revistas especializadas y los medios de comunicación con interés  de que el Poder Ejecutivo al dictar  los reglamentos de ejecución y aplicación de la Ley 155-17, al igual que las instituciones que emitirán resoluciones normativas sectoriales relativas a las medidas preventivas hagan menos complejas y faciliten un efectivo cumplimiento de esta nueva ley.

Resulta que el Poder Ejecutivo acaba de promulgar el decreto 407-17, titulado “Reglamento de la Aplicación de la Ley número 155-17 Contra Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que según algunos juristas se esfumó la esperanza para mejorar los conflictos  que confrontan y confrontaran los abogados y notarios para darle fiel cumplimiento a esta normativa.

Concepto y Origen lavado del dinero ilícito

El concepto de “lavado” empieza a utilizarse con mayor frecuencia a partir de los años de 1920 en Estados Unidos, cuando las mafias dedicadas a traficar con bebidas alcohólicas, que estaba prohibido constitucionalmente, crearon una serie de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero que ganaban de sus actividades criminales (Borja, Rodrigo. Enciclopedia Política, 1998)

La nueva Ley dominicana 155-17  en su artículo 2;  define Lavado de activo. Proceso mediante el cual una persona u organización transforma las ganancias monetarias derivadas de una actividad criminal o ilegal en fondo provenientes, aparentemente de una fuente legal.

Los antecedentes de la  persecución de los delitos Financieros y Blanqueo de Capitales en la  legislación dominicana tienen sus orígenes con la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Lo que motivó al legislador dominicano emitir  la  Ley No. 50-88 del 30 de mayo de 1988 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Doce año después, se da la convención de Palermo, Italia del 12 al 15 de diciembre del 2000  recoge el contenido de la conferencia política del alto nivel para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos. República Dominicana, se puso en sintonía con el concierto de naciones que combaten estos crimenes y dos años después, emitió la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, del 7 de junio del 2002, la cual fue   derogada casi en su totalidad por la Ley 155-17.

Las novedades más trascendentales introducidas por esta nueva ley son tres: 1) la inclusión de una extensa lista de infracciones precedentes o determinantes, capaces de generar bienes o activos susceptibles de  lavado (prácticamente son las 40 recomendaciones de la GAFI). 2) la incorporación de sujetos obligados no financieros en la lucha contra el crimen (profesionales del Derecho, contadores, corredores de bienes raíces, banca de loterías,  ect.) y 3) el endurecimiento de las sanciones aplicables; entre ellos  los sujetos obligados no Financieros  (abogado y notario),  sanciones con  violación  penal  de 4 a 10 años de reclusión o prisión y multa de 200 a 400 salarios no del sector público sino del sector privado, que es más alto que el  primero. Multas  impuestas  administrativamente  que oscilaran  de 300 mil hasta 4 millones Pesos Dominicanos (equivalente a más de 84 mil dólares), según los artículo 3 inciso 4 y 75. ¿Quién no se podría sentir inquieto en su accionar profesional con las advertencias tan temerarias  de esta ley calificada como draconiana?

Para comprender esta preocupación,  que afecta no sólo a los profesionales del Derecho, sino a los funcionarios de todos los estamentos de la República Dominicana, se debe,  a que nuestro país  es miembro del Grupo de Acción Financiera internacional de Latinoamérica (GAFILAT), es el organismo Regional del Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI), una organización establecida por los países del G7 en Paris, Francia, en 1989, para desarrollar una respuesta coordinada internacional a la amenaza del lavado de activos.

Esta entidad realiza evaluaciones a los países miembros y los clasifica como cooperadores y no cooperadores. Dependiendo a su cooperación dispondrán de facilidades crediticias  internacionales, a nuestra nación  correspondió su evaluación en el mes de octubre del presente año. Se presume que eso fue lo que impulsó al Estado Dominicano adoptar esta nueva normativa para combatir el  lavado del dinero ilícito.

Según los profesionales del Derecho, presentan dificultades para cumplir con la nueva norma, porque las exigencias son casi idénticas a las establecidas a grandes instituciones financieras, a pesar de los amplios recursos, tanto humanos como económicos que estos tienen frente a los profesionales togados, que son trabajadores independientes y autónomos, donde la mayoría no gozan de amplia  clientela para generar el dinero que necesitarían para pagar servicios extras que exige la nueva ley.

El  artículo 44, de la referida ley  exige que “los profesionales del derecho deben contar con un ejecutivo de alto nivel, con capacidad técnica” se encargue de vigilar los programas de cumplimiento y que sirva de enlace con las autoridades que son los integrantes de la Unidad Análisis Financieros (UAF) y el ente supervisor.

Igualmente, asigna los deberes y prohibiciones impuestos por la Ley a los abogados y notarios, indicaremos cuatro: 1) establecimiento de programa y políticas de evaluación, gestión y mitigación el riesgo 2) debida diligencia de la clientela 3) los productos y servicios 4) operaciones o transacciones prohibidas.

Asimismo, el profesional del Derecho tendrá que realizar la bebida diligencia del cliente con el registro de datos y deber de informar a las autoridades de transacciones presumiblemente sospechosas, conservar los documentos por 10 años y  tenerlos disponibles para  cualquier requerimiento del Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financieros (UAF) y Tribunales del país, según los artículos 43, 56 y 57 de la misma ley.

También  deben reportar a la  UAF cualquier transacción de 15 mil dólares, realizada en el plazo de las 24 horas y  no mayor de los primeros 10 días del mes siguiente. (Arts. 83, 53 y 55). Esta  legislación rompe con el secreto profesional entre abogado y cliente.   (Art.57).

Un Juez o Ministerio Público pueden imponer medida cautelares a los bienes al momento de iniciar la investigación se presumiblemente  los bienes proceden de actividades ilícitas, informándole a la parte investigada dentro del plazo de las  48 horas mediante una  comunicación. Según el artículo  13 del Reglamento de esta Ley.

A los notarios y registradores de títulos mercantiles se le prohíbe redactar ningún documento donde los clientes paguen dinero en efectivo cuando el monto ascienda un millón en inmueble, medio millón en vehículo de motor, 450 mil Pesos,  en joyería y casino 3 mil dólares, según los artículos 60 a 64.

La mayor inquietud de amplios sectores de la sociedad dominicana está en el artículo 2 en numeral 19 de  la Ley 155 – 17   y artículo 19 del Reglamento,  establece: “se consideran Personas Expuestas Políticamente (PEP) todos aquellos funcionarios a presentar su declaración jurada de bienes de conformidad con el artículo 2 de la Ley 311-14, de Declaración Jurada de Patrimonio, que son desde el Presidente de la República y sus funcionarios de instituciones autónomas y descentralizadas.

Para evitar confusión el mismo Reglamento en el artículo  19 en su párrafo II define como funcionario: “aquellos servidores que, según lo indicado en el artículo 18 de la Ley No. 41-08, de función pública, sean funcionarios de  libre nombramiento y remoción, funcionarios públicos de carrera, funcionarios de estatuto simplificados o empleados temporales. Los PEP no son solamente  funcionarios sino todo familiar o personas que mantengan parentesco hasta segundo grado consanguíneo, asociados y personas que realicen actividades a su nombre.

Inquieta esta disposición porque nuestro país es altamente politizado con la agravante que la pasión política obnubila el pensamiento racional y suele imponerse el pasional. Existen antecedentes donde  se ha invertido el fardo de la prueba contra actores políticos del país, la percepción de la oposición política que especula sobre el  “funcionario público” que lo presume corrupto culpable  hasta prueba en contrario.

Sugerimos a las autoridades competentes implementar un vasto programa de capacitación  dirigido a la comunidad jurídica para crear una concienciación ética sobre el accionar profesional previendo que se sigan consolidando las asociaciones criminales, que cuentan con los recursos procedentes de delitos financieros y blanqueo de capitales, para causar actos del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva contra los seres humanos inocentes.

*El autor es el fundador del Instituto de Formación Gerencia y Liderazgo Americano (IFGLA), Conferencista Internacional  y  Procurador Fiscal asignado al Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Publico.

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