¨Las buenas intenciones pueden tener valor en un sistema ético; pero en arte, no. No basta tenerlas; se ha de realizar la obra¨.
Al comenzar este articulo intente enlazar los innumerables problemas de coyuntura que nos aquejan y vincularlos con las prioridades del gobierno, confieso que fue imposible conectar claramente el orden de prioridad de la gestión pública con nuestras necesidades inaplazables. No está definido el horizonte, entendemos que el gobierno inicio su gestión sin una planificación concreta, se altera el orden de prioridades con frecuencia y las improvisaciones son habituales, esto denota una falta de rigurosidad en el diseño de las políticas públicas. El nivel de improvisación con que el gobierno está respondiendo a la contingencia delata no solo ausencia de rigor, sino todavía más preocupante ausencia de convicciones y de agenda política en torno a temas relevantes del debate político, económico y social del país.
El problema del presente es que vivimos tiempos de austeridad, y esto plantea la necesidad de realizar muchos ajustes y muchas medidas articuladas entre sí, para no producir un caos que rompa la estabilidad. El planteamiento de proyectos debe estar orientados a lo que es esencial para el país, a su desarrollo económico y social, esto requiere la coordinación y reglamentación de las políticas públicas, requiere además la capacidad de planificar y presupuestar en forma estratégica, administrando el gasto público en forma racional y eficaz a través de programas que incentiven la productividad.
Tenemos problemas muy serios y diversos que no se vislumbran soluciones y que deben ser atendidos por orden de relevancia, tenemos niveles altos de deuda pública, desequilibrios externos, es decir, déficit en la balanza de pagos en cuenta corriente y alta inflación. Mientras eso sucede el gobierno tiene otras prioridades como son las privatizaciones de las empresas propiedad del Estado, con contrataciones ambiguas sin esclarecer bien los términos y que sabemos que no están dando los beneficios y ventajas esperadas a la ciudadanía y a la sociedad civil en términos de calidad, precios, etc., igualmente pone como una prioridad modificar la constitución, cuando lo que se intenta es solapar sus intenciones de eliminar el 50+1 y así facilitar su proyecto de reelección, justificándolo, entre otros aspectos, con tener una justicia independiente, cuando lo que se amerita es la creación de un Ministerio de Justicia, cuya formación no requiere una reforma constitucional porque son de configuración legislativa.
De esta manera el Ministerio Publico se desliga de asuntos que no son de su incumbencia, tales como la gestión del sistema penitenciario y fiscalizar la provisión de los servicios forenses, las cuales corresponden al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). Del mismo modo se postergan proyectos neurálgicos como la modificación de la Ley 87-01 de la Seguridad social, un reclamo a voces que no tiene acogida y es justo ahora que la Comisión Bicameral conformada para revisar y estudiar la modificación integral a la Ley 87-01, está convocando a vistas públicas para el próximo 15 de julio.
Está claro que es inminente contemplar una reforma de la ley de pensiones antes de que se produzca una crisis, es evidente que el actual sistema de pensiones tiene fallas estructurales y que las AFP no cumplen la función y promesa para la cual fueron creadas, su cobertura es deficiente, las retribuciones son bajísimas y no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas del jubilado. Estas graves deficiencias son una fuente de conflicto social de carácter latente y que lamentablemente no se visualiza solución por parte del Estado, de las AFP y por sus partidarios.
El fracaso de las AFP para cumplir su función propia no es el único problema que enfrenta el sistema de pensiones, tiene también una débil legitimidad ante la sociedad, porque reciben una baja confianza de la ciudadanía. Entendemos que ha habido una inercia institucional de parte de los sucesivos gobiernos, el Congreso Nacional, las AFP y las instituciones del sistema financiero, al no enfrentar esas fallas, y cada vez se hace más difícil su reforma, debido en gran parte a que los intereses económicos involucrados se han fortalecido con el paso del tiempo, aumentado su resistencia al cambio. Nos cuestionamos ¿Fue una utopía el actual sistema dominicano de pensiones? Lo que sí es obvio que pasa por un momento de definición en el que se cuestiona su efectividad y se pone en tela de juicio sus bondades.
Otro asunto que no admite más postergación es la reforma fiscal y mejorar la administración tributaria, lo cual debería tener como objetivo no crear nuevos impuestos, sino aumentar la eficiencia fiscal, mejorar los incentivos del emprendedurismo, eliminar exenciones y evasiones, promover el crecimiento y desarrollar a mediano plazo un plan para reducir la informalidad, igualmente reducir los impuestos sobre el trabajo y otros gravámenes que aumentan los incentivos para que las empresas funcionen en la informalidad.
En otro orden y continuando con nuestras necesidades urgentes e inaplazables, no podemos dejar de mencionar la delincuencia y la seguridad ciudadana, tenemos una crisis desbordada y no se vislumbra ningún avance, es todo lo contrario, atrás quedaron las pregonadas promesas de ¨mano dura¨ o la ¨tolerancia cero¨ y actualmente es tan serio el problema que algunas escuelas han optado, por amenazas, cerrar la docencia y en algunos barrios han tenido que agenciarse su propia seguridad y han creado sus propias rondas de vigilancias.
Son muchos los desafíos que tenemos por delante, temas que probablemente representan algunos de los retos más difíciles, entre estos el reducir el gobierno en todos sus niveles y así mejorar la capacidad del gobierno de cumplir con su misión, por igual es inminente la reducción de la burocracia para simplificar los trámites en las entidades gubernamentales, tenemos además el tema de liberalizar la normativa laboral, eliminar las leyes y barreras anticuadas o innecesarias, los cuales son aspectos clave para mejorar la productividad, igualmente es necesario fortalecer los sistemas de rendición de cuentas y de integridad, y mejorar políticas específicas de transparencia, fortalecer las entidades de control y auditoría como mecanismo clave para que el gobiernos rinda cuenta de los resultados logrados.
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Hemos mencionado algunos de los asuntos más cardinales con la intención de que reconozcamos la crítica situación en la que estamos, es inminente y necesario la elaboración de un presupuesto con austeridad, entendiendo esta medida no como la reducción del gasto público, sino como una forma de gastar eficientemente y que se acabe con el financiamiento público de los privilegios de la clase política, se reduzca el gasto en conformaciones gabinetes, cada vez más amplios compuestos por personal “de confianza”, y que cuyos resultados no se vislumbran, que se eliminen los programas sociales y ayudas que no son ni siquiera paliativos y son en definitiva una trampa de pobreza y lo que son es prácticas clientelares que procuran fidelizar el voto.
Tenemos que cambiar el enfoque de la política social, que se centren las estrategias productivas en regiones donde se concentra la pobreza extrema y basta ya de promesas en cada visita del presidente, una vez dijo Napoleón Bonaparte ¨la única manera de mantener la palabra es no darla¨ y José Martí dijo ¨Hacer es la mejor manera de decir¨. La presente situación nos deja una lectura, ¿está solo el presidente en el difícil arte de gobernar? o ¿quieres estar solo?, cualquiera que sea la respuesta no es buen augurio, para llevar a la práctica una gestión pública con éxito, no basta ser competente ni tener buenas intenciones, se requiere de experiencias de Estado, carencia que se compensa con la selección de buenos asesores y con la escogencia de los mejores y más aptos funcionarios del tren administrativo, ¿Actualmente es así?
«El juicio primero que se forma de un soberano
y de su entendimiento se apoya en el examen
de los hombres que le rodean»
N. Maquiavelo
Por Jacoba Hasbún