Desde que el Covid-19 comenzó a tener una fuerte tasa de propagación y letalidad, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia en marzo de 2020, razón que llevó a muchos países a disponer distintas medidas para su control, de las que se cuentan de naturaleza sanitaria, social, laboral y económica. Entre las políticas públicas adoptadas fue la del cierre parcial de las actividades económicas, teniendo como herramienta mitigante medidas de naturaleza contracíclica en los ámbitos fiscales y monetarios.
La República Dominicana fue de los países que se sumó a las medidas contracíclica, aumentado el gasto público, elevando el déficit fiscal, la liquidez, el endeudamiento y la liquidez monetaria. La deuda resulta conveniente, especialmente ante la ausencia de suficiente liquidez, ahorro y si el destino es la inversión es naturaleza productiva, resultando así el financiamiento, prudente y beneficioso para las economías.
Donde el tema de la deuda pública bruta comienza a generar discusiones en los países, es cuando se eleva su monto que presionando indicadores clave y el uso no garantiza el repago, condiciones que puede contravenir la sostenibilidad y la percepción de los inversionistas.
Uno de los aspectos que en las últimas semanas ha estado generando debates en la República Dominicana es la tendencia alcista de su monto que ha tomado en la nueva administración gubernamental en tan solo un año. Desde el litoral oficial se afirma que la deuda aumentó en US$ 7,603 millones y en la acera de la oposición se indican distintos montos que van desde los US$ 12 mil millones a US$ 14 mil millones.
Para poder cuantificar de una manera más precisa el monto de la deuda y que su indicador no resulte engañoso, habría que considerar algunos aspectos, tales como el rango de fecha que abarca el monto de los préstamos, el stock de la deuda, la presión de la deuda, la emisión de la deuda y la colocación de la deuda, cuando esta se realiza a través de instrumentos financieros denominados bonos.
Muy probablemente los distintos montos que se han ofrecido sobre el aumento de la deuda, tienen que ver con el rango de fecha que se ha seleccionado. Particularmente, la Dirección General de Crédito Público (DGCP), realiza publicaciones trimestrales acerca del stock y otras características de la deuda; sin embargo, al elegirse el primer aniversario del nuevo gobierno, resulta que los datos ofrecidos por la referida Dirección, referente a su tercer informe del 2020 está cortado a septiembre, pero acontece que las actuales autoridades emitieron y colocaron US$ 3,800 millones de bonos soberanos en los mercados de capitales del exterior y al no tomarse ese valor como parte de la deuda contraída en el último año parecería que no le corresponde a ellos, cuando resulta que si le pertenece.
Para evitar ese tipo de imprecisión es aconsejable utilizar los datos que aparecen en la sección de emisiones de deuda, la que está registrada con las fechas precisas, permitiendo una cuantificación exacta del endeudamiento público. Contabilizar la deuda de la presente administración pública implica hacerlo desde el 17 de agosto de 2020. Lo propio debe hacerse con el corte al cierre del periodo contable que se ha elegido.
Al contabilizarse el monto de la deuda para un periodo de tiempo determinado, se precisa de distinguir entre el monto total de los préstamos y el del stock del endeudamiento. Si al sumar los distintos préstamos con organismos multilaterales, bilaterales o emisiones de deuda en los mercados de capitales, se afirma que ese ha sido el incremento de la deuda pública actual, se imprecisa, al no considerar el descuento por el pago del servicio de la deuda, que hace el saldo del endeudamiento neto sea menor al bruto.
En la línea de contabilizar la deuda a partir de las emisiones de bonos autorizados por el Congreso Nacional, como un compromiso de deuda, también resulta en una imprecisión; dado que no es lo mismo emitir que colocar. El monto de la emisión es una autorización para poner a circular valores de oferta pública y colocar bonos deuda implica primero, estar autorizado, luego emitirlo y una vez sean adquiridos en el mercado deben ser considerados como nueva deuda. La colocación nunca excede a la emisión; en cambio, la emisión si puede sobrepasar la colocación.
En lo relativo a la presión de la deuda como porcentaje del PIB, el resultado del indicador puede resultar engañoso, en primer lugar, porque el denominador -que es el PIB-, puede crecer a causa del crecimiento de la economía y/o por la apreciación del peso dominicano frente al dólar. En el caso del 2021, ambas situaciones se han presentado, expansión de la economía en el orden de un 13.3 % y apreciación del peso que ronda el 2.0 %.
Afirmar que la deuda ha bajado porque es menor la presión a junio de 2021 que asciende a 54.0 % vs la de diciembre de 2020 que fue de un 56.60 %, puede resultar engañoso, habida cuenta que el PIB de una economía como la dominicana que tiene un aporte a la economía informal de alrededor de un 38.0 %, significa que no toda la economía del PIB paga impuestos y como eso no acontece, entonces no podemos creer que por esa vía todo lo que se genera el PIB es para fondear el pago del servicio de la deuda pública. Al final, lo cierto es que, a diciembre del 2020, el stock de la deuda era de US$ 44,622 millones y a junio de 2021 de US$ 47,406 millones, equivalente a un crecimiento de US$ 2,784 millones.
El gobierno desde el 17 de agosto del 2020 al 30 de junio del 2021 ha incurrido en nuevos préstamos que totalizan US$ 10, 803 millones, provenientes de los bonos en el exterior por US$ 6,300 millones, bonos internos por US$ 2,700 millones y por distintos préstamos con organismos multilaterales y bilaterales por US$ 1,803 millones.
Por concepto de pago del servicio de la deuda pública del sector no financiero, el Estado ha desembolsado la suma de US$ 2,657 millones, lo que significa que al considerar esta partida el saldo neto de la deuda en la presente administración gubernamental ha aumentado y asciende a US$ 8,146 millones, para un incremento adicional de la deuda per cápita en el último año de US$ 791.00.
POR HAIVANJOE NG CORTIÑAS
*El autor es economista.