Las huelgas de transportistas son ilegales en República Dominicana

Por HERNÁN PAREDES lunes 21 de junio, 2021

Consiéntanme por un momento e imaginen un instante que Claro Dominicana, sorpresiva e intencionalmente, dejara sin servicios de comunicación a todos sus clientes, todo como parte de un plan de protestas de la empresa para obligar al Gobierno a cumplir algún tipo de demanda. ¿Qué te parece este escenario? Así es, es justo lo que piensas, es absolutamente ridículo, pero también, y no menos importante, es ilegal.

Sin embargo, exactamente el mismo abordaje podemos hacer sobre el plan de huelgas sorpresa que inició este martes la Federación de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO); ahora bien, quizás algunos lectores no estén al tanto de porqué exactamente aseguro esto, puesto que, en el imaginario colectivo de la sociedad, persiste, casi por inercia, el viejo y abolido modelo de los antiguos y poderosos sindicatos de transporte, los popularmente denominados “dueños del país”.

Pero sucede que en el año 2017 ocurrió algo trascendental en la República Dominicana, se aprobó la primera política pública integral de movilidad terrestre, la Ley No. 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cual, entre otras cosas, marcaba el inicio del abordaje científico de las problemáticas relacionadas al desplazamiento de personas y bienes, sobre todo en las complejas zonas urbanas o ciudades.

De la ley también se derivó la aprobación de una serie de reglamentos específicos que empezaron a normarlo todo, desde temas nunca regulados como el transporte de carga, hasta mejoras notables e innovaciones en materia de regulación del transporte como las regulaciones al servicio público de transporte terrestre de pasajeros urbano, la Inspección Técnica Vehicular, la Educación Vial, el régimen sancionador, las licencias de conducir… En definitiva, se inició la regulación de absolutamente todo en el sector.

De este modo, la sociedad dominicana puede enorgullecerse que hace 4 años se inició una verdadera revolución institucional y jurídica en materia de gestión de la movilidad y la seguridad vial que, más allá de permitir, también sirvió para actuar sobre una serie de problemas arraigados en nuestras instituciones que lastraban la eficiencia de su funcionamiento.

Por citar un ejemplo práctico, en materia de mejora de datos estadísticos, fundamentales para la toma de decisiones de política pública certeras, el país dio un salto significativo con la implementación de una nueva metodología de integración, consolidación, y explotación de datos de seguridad vial desde múltiples fuentes que permitieron actuar sobre el subregistro de accidentalidad, si bien por ser críticos debemos reconocer que todavía queda mucho recorrido de mejora.

Estas y otras mejoras sustanciales, en materia de movilidad y seguridad vial, fueron reconocidas públicamente por órganos rectores del transporte de países amigos, como fue el caso de España, Colombia, Costa Rica, entre otros, dentro del marco de eventos internacionales como la asamblea del Programa Iberoamericano de Seguridad Vial (antiguo OISEVI), celebrada a mediados del año 2019, así como en el encuentro de coordinadores de datos del mismo organismo, a finales de ese mismo año en Cartagena de Indias.

Es decir, todo cambió en favor de la ciudadanía, por lo que no sería justo ni moral que la reforma iniciada en el sector transporte se detuviese, y más aún si tenemos en cuenta que la República Dominicana se perfila desde hace años como una de las economías de mayor crecimiento de la Región. De hecho, la estructura institucional, jurídica y operativa que soporta a la intensa dinámica de desplazamientos de personas y bienes que se genera no le queda otra alternativa que más que estar a la altura de esas expectativas de crecimiento económico, si no, estaríamos frenando el desarrollo de la nación.

Más importante aún, para el caso específico que nos ocupa en esta entrega, en su Artículo 346, la referida ley de transporte ordenó a los antiguos sindicatos para convertirse en empresas de transporte, las cuales manda a operar el servicio público que prestan a los ciudadanos (que son sus clientes) cumpliendo estándares mínimos de calidad, de acuerdo con las exigencias establecidas desde el Artículo 99 hasta el 103 de la ley.

Por tanto, la ley obliga a las empresas prestadoras de servicio público de transporte de pasajeros a cosas tan específicas como evitar desviaciones en las rutas y la alteración en la aplicación de horarios, frecuencia de paso y cupo. Además, la legislación deja claro que las rutas son propiedad del Estado y que la prestación de servicios de transporte se otorga a través de una licencia de operación, misma que el operador puede perder de no cumplir todo lo establecido en la ley y los contratos de operación correspondientes.

Alguien habilidoso podría querer sustentar la difícil teoría de que se traba huelgas de trabajadores del sector transporte, protegidos por derechos establecidos en la Constitución dominicana, pero no, sabemos muy bien que no se trata de eso, sino que más bien se trata de un ataque al sistema, propiciado por intereses privados, y ya existe jurisprudencia de que rechaza este tipo de comportamiento en el sector transporte.

Por otra parte, el Numeral 1, del Artículo 49 de la Ley No. 63-17, es todavía más contundente, pues, entre otras cosas, dice que “se considerará causal de revocación de la licencia de operación las acciones u omisiones imputables al prestador que diere lugar a la efectiva interrupción del servicio público, como consecuencia de un paro patronal o de cualquier otra medida de acción directa emanada del titular del permiso de operación”.

Pero no he terminado aún, esperen, ¿recuerdan esas huelgas de años atrás, donde los mismos sindicatos propiciaban el lanzamiento de bombas molotov a los autobuses que no se sumaban a los paros? Yo sí los recuerdo, no olvido la imagen de una mujer embarazada con quemaduras graves. Resulta que el Párrafo I del Artículo 49 de la ley, dicta que “el operador responderá civilmente por los daños que sobrevengan al usuario ocasionados por él, sus empleados, agentes, u otra persona involucrada en el servicio”.

Hasta aquí el asunto está más que claro: las huelgas que interrumpen el servicio del transporte público de pasajeros son ilegales en la República Dominicana. Entonces ¿por qué el Estado las permite? Estamos ante el riesgo erosionar aún más la autoridad de la Administración, cosa que no es para subestimar, más en un país como el nuestro, donde someterse al orden, más que una obligación, a veces parece ser un asunto voluntario.

Además de todo lo dicho hasta ahora, debo agregar que las nuevas autoridades del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) no pueden esperar ni un minuto más para dar continuidad a la implementación de la herramienta más poderosa que tienen para hacer frente a todo lo que está mal en la prestación del servicio público de transporte de pasajeros: la aplicación inmediata del Decreto No. 292-20 de Reglamento del Servicio Público de Transporte Terrestre de Pasajeros Urbano.

Dicen que las crisis son oportunidades, así que el Gobierno está ante una perfecta oportunidad de mostrar a la sociedad que los empresarios del transporte no están por encima del bien y del mal, que no está por encima de ley, que no son los dueños del país.

POR HERNÁN PAREDES

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