La energía eléctrica no es un bien público puro ni un bien privado puro, sí es un bien de orden público.
En tal virtud, el Estado tiene que asumir la regulación de este bien de orden público en lo que respecta al proceso de generación, de transmisión, de distribución y de comercialización.
Pero en sentido general, la economía de mercado tiene que ser regulada por el Estado para que las externalidades negativas generadas por el mercado no se traguen a los más vulnerables.
Mientras el sector privado produce para el mercado para generar rentabilidad, el Estado tiene buscar y perseguir siempre el bien común o el bienestar de la gente.
El Estado siempre busca y tiene que buscar la rentabilidad social.
En un país de una economía capitalista o de mercado con tantos problemas estructurales como la nuestra, bienes como la educación, la salud, la energía y el agua no pueden dejarse en manos solo del sector privado.
Hay que recordar que en el mercado solo pueden participar los que tienen capacidad de compra para expresar sus necesidades.
¿Es justo que los que no tienen poder de compra para expresar sus necesidades en el mercado se queden sin tener acceso a la educación, a la salud, a la energía y el agua?
Eso es y sería totalmente injusto.
El Estado tiene que intervenir por necesidad no solo en la regulación, sino en la prestación, distribución y comercialización de esos servicios y bienes neurálgicos.
Cuando se promulgó y comenzó a aplicarse la ley de capitalización del sector eléctrico y del Consejo Estatal del Azúcar en 1997, recuerdo que Unión Fenosa, una multinacional española, no dio pie con bola en la administración de las EDES, en especial de EDESUR.
Y eso que Unión Fenosa tenía décadas trabajando en la CDE.
Unión Fenosa no solo no resolvió nada, sino que el Estado dominicano tuvo que asumir, en el gobierno de Hipólito Mejía, como deuda externa una deuda interna que reclamaba para sí la multinacional española.
Y así hubo que pagarle en dólares esa deuda interna a Unión Fenosa.
El sector privado no entiende los genes del mundo de lo público o de lo estatal.
El privado cuando es llevado a administrar una empresa pública quiere administrarla como si se tratara de una empresa privada.
Y los parámetros de funcionamiento de lo privado no pueden ni deben ser los parámetros de funcionamiento de lo público o de lo estatal.
Los problemas de las EDES no se resuelven ni con la privatización ni con la eliminación del subsidio a la tarifa eléctrica en la presente coyuntura.
Si empresas privadas toman el control de las EDES se complicarían los problemas de éstas y por ende se complicarían los problemas de la sociedad y de la población.
Los generadores privados, por ejemplo, tienen altísimas tasas de rentabilidad porque venden la energía al Estado al costo marginal más alto, no al costo marginal más bajo como debería ser.
En el caso de las EDES, ¿de lo facturado cuándo se cobra?
Hay que enfrentar seriamente el problema social de la energía robada.
Hay que investigar seriamente también el problema de la corrupción en las EDES en los gobiernos del dictador Danilo.
Pero esos problemas de eficiencia y de rentabilidad en las EDES no se resuelve con pasar a empresas privadas la administración de aquéllas.
Evitemos la privatización de las actividades y de las empresas públicas.
POR EL DR. VÍCTOR MANUEL PEÑA
*El autor es economista, abogado y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo (FP).