Octubre se caracterizó por ser un mes teñido de rojo oscuro, como consecuencia de todas las victimas de feminicidios y accidentes de tránsito. Ante estas dos situaciones, diferentes sectores llamaron por separado declarar emergencia nacional, lo que refleja el grado de preocupación ante el constante aumento de muertes, que nos coloca en los primeros lugares de la región.
Estos dos fenómenos fatales, ponen entre dicho la capacidad de respuesta del Estado, por un lado estamos en pleno desarrollo de un nuevo marco normativo con la ley 63-17 de seguridad vial, que tiene entre sus retos la elaboración de unos 30 reglamentos para viabilizar su mandato y le otorga un rol de primacía a los ayuntamientos, los cuales en la actualidad tienen una serie de insuficiencias institucionales que incluye a su órgano técnico (Liga Municipal), lo que genera preocupación y nos coloca en unas perspectivas vulnerables.
Mientras llegan los reglamentos, es imperioso que se imponga en nuestras calles una vigorizada imagen de la autoridad y aplicación de la norma con una AMET=DIGESETT, renovada, e instalar cámaras en el cuerpo de los agentes de tránsito con la finalidad de resguardar el respeto mutuo entre la ciudadanía y los representantes del orden. Con dicha acción las grabaciones se convertirían en un elemento de prueba ante cualquier situación de conflicto, así como también la utilización de semáforos inteligentes que detecten cualquier violación a la ley.
La sociedad civil y demás sectores organizados deben propiciar todo un movimiento para crear las bases de una nueva cultura vial, con campañas que eduquen desde lo positivo y dejar de lado la promoción del terror que de nada ha servido para cambiar esta realidad tan frustrante, al punto de que las noticias de muertes fatales en nuestras avenidas, está minando nuestra capacidad de asombro.
En relación al otro fenómeno la Procuraduría General de la República, la semana pasada presentó un plan orientado en tres acciones estratégicas: 1- Prevenir generando conciencia 2- Perseguir fomentando las denuncias y 3- Garantizar una atención más efectiva mediante lineamientos de actuación por parte del Ministerio Público. Este plan va en consonancia con lo que la doctrina de los derechos humanos llamada la triada del Estado, que son la obligación de prevenir, investigar y sancionar establecidos en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras de la Corte Interamericana.
Sin embargo, carecemos de una estrategia de intervención oportuna para los hombres, desde el punto de vista psicológico, empezando por una línea de ayuda, donde pueda acudir un individuo que se encuentre en estado depresivo, así como centros de terapias de parejas para acompañar a las familias ante situaciones conflictivas, y promover campañas en ese tenor.
Es urgente generar cambios en la publicidad, todas apuntan hacia un mismo patrón donde el elemento “muerte” es el punto central en contraposición a la vida, entonces ¿qué fomentamos, vida o muerte? Se requiere la entrada en escena de nuevos actores y estrategias, empezando por las fiscalías.
De igual forma la revolución educativa tiene una gran oportunidad de estructurar un currículo novedoso y accione prácticas que ayuden a fomentar el concepto de nueva ciudadanía que ha enarbolado el ministro Andrés Navarro, y que combinado con su exhortación de que los alumnos tenga un proyecto de vida podamos tener una mejor sociedad, donde reine la vida en el hogar, calles y en toda la sociedad.
Apostamos a la innovación de mecanismos y acciones para enfrentar estas dos emergencias nacionales, porque de continuar el actual sendero, se convertirá en la cosa irrevocablemente juzgada la sentencia que define el termino locura: “hacer la misma cosa una y otra vez esperando diferentes resultados”.