EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El destino y empleo de las ayudas federales que llegarán a Puerto Rico desde Estados Unidos por los huracanes de septiembre serán controlados por una oficina creada por el Gobierno local y un coordinador federal que supervisará al Ejecutivo de San Juan en esa tarea.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy en conferencia de prensa la puesta en marcha de la Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación (OCRR), entidad que controlará el uso de las millonarias ayudas que se esperan para paliar unos daños que el Ejecutivo estima rondan los 94.000 millones de dólares.
Rosselló dio a conocer además que esa entidad colaborará de forma directa con el coordinador de operaciones para Puerto Rico de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (Fema, por sus siglas en inglés), Michael Byrne, a quien la agencia federal ha nombrado coordinador de recuperación de desastres para la isla.
El gobernador de Puerto Rico aclaró que Byrne tendrá la última palabra a la hora de que se apruebe el destino de fondos.
Rosselló insistió en que el objetivo de contar con dos controles, el de la recién creada -a través de orden ejecutiva- entidad local y la federal a cargo de Byrne, responde al fin de una transparencia máxima en la utilización del dinero que llegará desde EE.UU. durante los próximos meses y años para reconstruir la isla.
El pasado mes de septiembre los huracanes Irma y en especial María destrozaron las infraestructuras de la isla caribeña y dejaron un saldo de más de 50 muertos, razón por la que el Gobierno de Puerto Rico le solicitó unas ayudas a EE.UU. de 94.000 millones de dólares.
«Fema supervisará y hasta que no se autorice no se hará efectivo» el destino, dejó claro Rosselló, tras resaltar que el fin de la iniciativa es el de «la transparencia».
«El que viene será el proceso de reconstrucción más transparente de la historia de Estados Unidos», subrayó el gobernador, para quien también los huracanes de septiembre, en especial María, supusieron el mayor desastre que se recuerda en todo EEUU.
«Lucharemos para que se dé un trato igual a los ciudadanos puertorriqueños respecto al resto de los de EEUU», dijo además Rosselló, para remarcar un mensaje que ha repetido desde el paso del huracán María el pasado 20 de septiembre de que se asegurará de que no se produzca discriminación alguna respeto al territorio continental.
La OCRR trabajará en colaboración directa con la Oficina del Inspector General de EEUU, la Oficina del contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental y la Junta de Directores de la Autoridad de Alianzas Público Privadas, en la que se integrará la citada entidad
«Vamos a tener 100 % de transparencia y a colaborar con las agencias federales, de forma que si Fema no desembolsa pues no podemos ejecutar», insistió Rosselló, tras matizar que a pesar de que pueda creerse lo contrario el Gobierno de Puerto Rico ha establecido esta entidad mucho antes de lo que lo hicieron otros estados de EEUU en situaciones similares.
Rosselló anunció que estará disponible a través de internet un «sitio» gubernamental en el que todos los ciudadanos podrán seguir y comprobar en que se utiliza cada dólar de ayuda federal que llega de Washington.
Byrne, por su parte, dijo que el objetivo de la iniciativa es el que todo sea más efectivo.
«Trabajaremos juntos y solucionaremos los problemas juntos», indicó Byrne, después de recordar que su agencia y el Ejecutivo de San Juan se enfrentan a, probablemente, la mayor operación de reconstrucción de la historia del país norteamericano.
«El proceso será el más transparente» de la historia, subrayó Byrne sobre esta iniciativa de control doble del empleo de la ayuda federal que se espera llegue durante los próximos meses y años.
El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas -entidad que acogerá a la OCRR-, Omar Marrero, dio que la colaboración con las autoridades federales será total.
El anuncio de hoy llega después de la controversia que siguió al contrato otorgado por la estatal Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE) a Whitefish Energy, empresa que ganó un polémico contrato para levantar el tendido eléctrico de la isla tras el paso del huracán María en septiembre.
El contrato firmado entre la AEE y Whitefish Energy, una empresa con solo dos empleados fijos y que hasta el momento apenas había conseguido un acuerdo de poco más de un millón de dólares durante su trayectoria, llevó al Congreso de EE.UU. y la Casa Blanca a cuestionar la manera de gestionar la crisis por parte del Ejecutivo de San Juan. EFE
