Lanzan guía para mejorar procedimientos judiciales en caso agresión sexual

Por Carlos Luis Baron sábado 18 de marzo, 2017

EL NUEVO DIARIO, Santo Domingo.- El lanzamiento de una guía con recomendaciones sobre cómo proceder en casos de agresión sexual permitirá a los operadores del sistema judicial obtener una mayor eficacia en las investigaciones, enfatizar en un abordaje y respuesta institucional integral y evitar la impunidad.

La Procuraduría General de la República, el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) pusieron en circulación la "Guía de Recomendaciones para la Investigación y Procesamiento de Delitos Sexuales en la República Dominicana", informó la Procuraduría en un comunicado.

Enmarcada en el proyecto de Mejora de la Investigación Criminal, tiene como finalidad ofrecer herramientas a los operadores del sistema judicial para que respondan a las obligaciones que se derivan de la tipificación penal de esos delitos, aplicando mecanismos especializados para su investigación y sanción.

La procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, dijo que dentro de las metas de este año está el mejorar la respuesta a los delitos contra las mujeres y, para ello, han sido asignados los recursos que les permitirán poder atender de una manera oportuna y eficaz a las víctimas de esos casos.

De su lado, Ana Álvarez, encargada de Proyectos de la AECID, dijo que con la implementación de esta guía se obtendrá una mayor eficacia en las investigaciones y procesamiento de los casos, evitando por todos los medios la impunidad de los criminales.

Dijo que podrán obtenerse pruebas más sólidas que den consistencia a los fallos judiciales, lo que permitirá erradicar de una vez toda la violencia contra las mujeres.

La guía de recomendaciones, que ha sido elaborada por diferentes operadores de justicia que intervienen en todo el proceso de investigación de delitos sexuales, propone mejorar la respuesta institucional a la violencia y el delito, fortaleciendo las capacidades de los operadores de seguridad del sistema penal.

Además, busca garantizar una coordinación más efectiva en el trabajo que desempeñan los fiscales y policías para conducir las investigaciones criminales, promoviendo la profesionalización y la especialización de recursos humanos en materia de investigación criminal. EFE