La violencia simbólica del Estado y la burguesía de Haití

Por MIDSON JEAN BATARD jueves 12 de julio, 2018

Nadie tiene que obedecer a una ley injusta, y San Agustín dijo: “una ley injusta no es ley”.  Esa palabra es un muy importante para la población civil en cualquier parte del mundo, que se siente oprimida por la clase política y económica de su sociedad.

Dentro de este contexto el haitiano es un pueblo oprimido desde hace mucho tiempo, donde sus principales problemas no fueron resueltos por las diferentes élites de la nación, que tienen el manejo de los poderes en la sociedad.

Desde el viernes 6 de julio en la tarde, después del partido de fútbol entre Brasil y Bélgica, los oficiales haitianos tomaron una medida impopular para aumentar la miseria de la población más vulnerable del país: subir el precio de los combustibles en el mercado local. Un aumento calculado entre 38 y 51% de su precio anterior, sin tomar en cuenta la difícil situación de la sociedad en general, donde la tasa del desempleo está alrededor de un 80%.

Frente a esa decisión el pueblo haitiano, principalmente en Puerto Príncipe, la capital política y económica de Haití, ha respondido a las autoridades con violencia y desobediencia civil, porque no se aguanta más la penuria económica que está atravesando la sociedad haitiana.

Hay que decir que no hay ningún líder político que tiene el mando de la coyuntura actual  porque ya el pueblo no tiene confianza en los políticos tradicionales de esa nación, por ser tan corruptos.

La situación que vive la población haitiana está cerca de una guerra civil, los oficiales del Estado no defienden el interés de la nación, pero se comportan como un empleado que defiende los intereses de la oligarquía haitiana, que tiene el 95% de la riqueza del país.

El salario mínimo en Haití es de 300 gourdes (moneda oficial de Haití) que equivalen a 4 dólares. Con este salario, el empleado tiene que pagar el alquiler de la casa, la escuela de los niños, la medicina, en caso de enfermedad, y atender a sus familiares en el campo.

Es decir, que la condición del pueblo es muy complicada y miserable, pero el Estado no tiene ningún programa social para ayudar a la nación.

La clase económica de Haití es excluyente, de comerciantes mayormente importadores, que no tiene ningún interés en el país.  Y, además, tiene una actitud muy racista hacia la gran mayoría de la población haitiana.

En ciertas empresas haitianas los salarios no son definidos por la capacidad intelectual de los empleados, sino por el color y la raíz  familiar. Frente a este comportamiento, las empresas haitianas son muy débiles en materia administrativa, y los empleados no se sienten pertenecer a las empresas donde están laborando.

Ahora bien, ¿por qué el pueblo quemó ciertas empresas durante los  movimientos de rebeldía?

Algunas empresas haitianas son muy parecidas a las plantaciones de azúcar en la colonia de Saint Domingue del siclo XIII. La única diferencia es que los empleados no tienen la cadena en sus pies, pero la pusieron en su cabeza porque la mayoría no recibe una buena educación y no tiene acceso para seguir sus estudios. Por eso, en caso de una revolución en el país, la población  ve a esas empresas como su peor enemigo, donde se siente la obligación de ir a buscar lo que los empresarios le han robado desde hace  mucho tiempo, con la complicidad del Estado.

La situación social es tan grave en el país. La Policía, que es una institución para proteger a la ciudadanía y a los bienes públicos y privados, se queda con los brazos cruzados durante esa movilización popular en la capital haitiana porque sus miembros tienen meses sin recibir su salario. Al ver a la población que está entrando en los supermercados se entiende que es un pueblo hambriento y desesperado que está reclamando a los oficiales, comida y empleo.

En estos momentos de sufrimiento, el pueblo dominicano debería solidarizarse con Haití y no aceptar en su territorio a los políticos haitianos corruptos que han robado el dinero de la nación vecina, para gozar con su familia en otros países.

 

POR MIDSON JEAN BATARD

*El autor  es licenciado en la administración de empresa en la UTESA. Maestría en Patrimonio en la Universidad del Estado de Haití y la Universidad Laval de Quebec.

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