El uso de las redes sociales para bien o para mal ya forma parte de la vida política y está claro que se ha constituido en un arma poderosa al servicio de la ciudadanía, puesto que cada actuación pública y privada está en las manos de los llamados teléfonos inteligentes. Esta modalidad tiene un énfasis mayor en la esfera gubernamental de manera especial en los países latinoamericanos. Recordemos “Los papeles de Panamá” y ahora el escándalo de ODEBRECHT, que salpica a mucha gente y a la vez se convierte en una clara advertencia sobre la relevancia que tiene en los actuales momentos la transparencia.
La Transparencia como concepto y rendición de cuentas, comienza a ser implementado a partir de los años 60 en Estados Unidos (accountability) y en Europa en los 70s, se presenta según varios tratadistas con dos dimensiones esenciales, por un lado, la responsabilidad de informar y justificar y por otro la aplicación de una sanción a todo aquel que no cumpla con la norma.
Asumir la transparencia, se refiere a una cualidad ético/intelectual, que se desarrolla en el ámbito de la administración y que implica uno de los mayores retos en los sistemas estatales, la instauración de un diseño administrativo que siguiendo diversas estructuras y procedimientos se encuentre abierto, espontáneo y permanentemente bajo el escrutinio de la sociedad a la cual representa, con parámetros técnicos de blindaje contra actos dolosos.
Sin embargo, tenemos debilidades en la lucha anticorrupción, especialmente en lo concerniente a la impunidad. La ONG Participación Ciudadana realizó una investigación que publicó en el 2004, con el título: “Investigación 20 años de impunidad 1983-2003”. Durante esos 20 años fueron identificados 227, casos de corrupción de los cuales 155 fueron abiertos en los tribunales y solo seis resultaron con decisiones judiciales definitivas, lo que representan el 3.9% de total de los casos ubicados.
Thomas Piketty en su libro “El capital en el siglo XXI, sostiene que:” la investigación en ciencias sociales es y será siempre balbuceante e imperfecta; no tiene la pretensión de transformar la economía, la sociología o la historia en ciencias exactas, sino que, al establecer con paciencia hechos y regularidades, y al analizar con serenidad los mecanismos económicos, sociales y políticos que sean capaces de dar cuenta de éstos, puede procurar que el debate democrático esté mejor informado y se centre en las preguntas correctas; además, pueda contribuir a redefinir siempre los términos del debate, revelar las certezas estereotipadas y las imposturas, acusar y cuestionarlo todo siempre”.
Ante el pésimo promedio de éxito, en cuanto a los expedientes de corrupción que se han sometido a los tribunales, siguiendo a Piketty nos surgen las siguientes preguntas: ¿Tenemos un sistema penal benevolente? ¿El ministerio público no instrumenta bien los expedientes? ¿O la Justicia se quita la venda?
Responder cada interrogante podría lanzarnos a distintos caminos en la búsqueda de la verdad o podemos concluir que todas son parte del todo. Si asumimos dicha conclusión obligaría a cada sector realizar un análisis interno, y juntos trabajar un plan integral que devuelva la confianza al sistema.
Hoy más nunca la ciudadanía requiere que se aborde el tema sin el fragor violento de los que dirigen la oposición, que pretende camuflajearse de verde para conquistar adeptos que no obtuvieron en el pasado certamen electoral, como tampoco es plausible el “exceso de prudencia oficial”, y menos tolerante seria que los legisladores en el ejercicio de su función se cuiden de no afilar cuchillo para su garganta.
De igual forma la ciudadanía debe cuidarse de que una justa indignación como expresó el presidente Danilo Medina en su rendición de cuentas, no se convierta en una causa político-partidista.
En ese tenor nos permitimos recomendar lo siguiente: primero impedir que se entremezclen lobos y corderos enarbolando una bandera que no son merecedores de elevar; segundo evitar a toda costa subirse en la ola de la inmediatez, porque un mal de años no tiene soluciones a corto plazo. Apoyar el fortalecimiento de la Ley de Declaración Jurada, la reforma a Ley de Lavado de Activos y la de Extinción de Dominio; todo lo anterior contemplado en un plan interinstitucional a favor de la transparencia y el correcto resguardo del bien público. Y Finalmente, como bien expresó la Fundación Institucionalidad y Justica, es necesario otorgarle un voto de confianza al primer mandatario quien señaló en su reciente alocución lo siguiente: “El primer abanderado de la lucha contra la impunidad soy yo. Lo afirmo con mi palabra y lo voy a seguir confirmando con mis acciones. ¡Vamos a pelear juntos todas las batallas que sean necesarias para seguir haciendo grande nuestra patria!