La sociedad civil como fiscalizador de las actuaciones de la administración local

Por Alberto Torres lunes 14 de septiembre, 2020

Resumen: Las políticas locales se circunscriben en satisfacer las necesidades de los intereses colectivos a través del ejercicio eficiente la función administrativa. Sin embargo, resultaespinoso ejecutar todos los programas sociales por las limitaciones financieras que cargan los gobiernos locales. En ese sentido ante las numerosas competencias y realidades que viven los munícipes, los grandes programas sociales de mayor impacto siempre nacen de las interacciones entre los usuarios/beneficiarios y el gobierno local para sintetizar esas necesidades, de ahí nacen los actores de la sociedad civil como los entes colectivos de representación.

Los actores de la sociedad civil: Concepto y su régimen jurídico.

Charles de Gaulle manifestó lo siguiente: “La política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos”, esta expresión resalta la necesidad de que los actores de la sociedad civil deben formar parte integral de los procesos de formulación de políticas que fomentan nuestros gobiernos, tanto en el plano local como en el central. De hecho “el proceso de formulación de política puede entenderse como una sucesión de intercambios entre actores políticos que interactúan en escenarios formales e informales” (STEIN, 2006.), esta noción deja claro que unas de las funciones de los gobiernos locales parte en la promoción de espacios para la participaciónciudadana, pudiendo estos articular sus necesidades y tomando decisión en base a ellas.

Los actores de la sociedad civil vienen representándose de carácter individual, en grupos o asociaciones de personas físicas o jurídicas con interés comunes (comercial o social) que se integran con la finalidad de garantizar que sus intereses no sean lesionados con las políticas implementadas por los gobiernos locales. Estos actores pueden constituirse en: empresas, los medios de comunicación, los sindicatos, los movimientos sociales, los académicos, juntas de vecinos, comunitario,constituyéndose éstos en los vigilantes de las actuaciones de los organismos del Estado y fomentando un equilibrio en las prioridades de las políticas sociales y sus intereses.

El Régimen Jurídico local de los actores de la sociedad civil.

El régimen jurídico con que se ampara la participación de losactores de la sociedad civil, para el diseño y planificación de las políticas públicas se encuentran dispersadas en varias legislaciones, sentando la base de una democracia local.

La Constitución de la República señala en su art. 75 numeral 12 las disposiciones que determina los deberes y responsabilidades jurídicas y morales de los hombres y mujeres estatuyendo lo siguiente:

“Artículo 75.- Deberes fundamentales. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes:

12) Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública”. El mandato de esta disposición asegura el empoderamiento al ciudadano para transformarse en un fiscalizador de la cosa pública, exigiendo de sus funcionarios transparencia en el marco de los diferentes principios rectores de la actuación pública.

En esa misma línea nuestra carta magna, en el artículo 138 numeral 2 de nuestra Constitución establece: “El procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos administrativos, garantizando la audiencia de las personas interesadas, con las excepciones que establezca la ley”.

Para el plano local, observamos que el art. 203 de nuestra carta magna precisa cuales son los mecanismos que poseen los actores de la sociedad civil para formar parte de los procesos de formulación de políticas al versar de la siguiente manera:

Artículo 203.- Referendo, plebiscitos e iniciativa normativa municipal. La Ley Orgánica de la Administración Local establecerá los ámbitos, requisitos y condiciones para el ejercicio del referendo, plebiscito y la iniciativa normativa municipales con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local”.

Dentro del marco jurídico constitucional en su artículo 251 promueve la creación de un Consejo Económico Social como “La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley.

En ese hilo de idea, apreciamos que la ley 176-07 promueve la conformación del Consejo Económico y Social Municipal, creado mediante resolución municipal como órgano de carácter consultativo, cuyos integrantes, debidamente identificados por la ley 498-07 sobre Planificación e Inversión Pública en su articulo 14 literal C, articularán las políticas publicas locales para ser canalizadas y gestionadas de acuerdo al interés general. Esa dirección, ubicamos el marco regulatorio local en su artículo 226 al 235 donde plantea las disposiciones que permite la inclusión de la ciudadanía en las tomas de decisiones sobre los asuntos de la competencia municipal.

Del mismo modo en el articulo 324 crea el espacio para la vinculación de la ciudadanía en la formulación de la ejecución presupuestaria, en efecto la combinación de esta disposición con el artículo 52 literal G que señala: “la aprobación y modificación del presupuesto municipal, el cual será presentado a iniciativa de la sindicatura, y previa información publica de 15 días de los documentos presentados para que la ciudanía pueda presentar sus consideraciones”.

Como se aprecia de las disposiciones expuestas se desprende el mandato municipal de crear los espacios de integración ciudadana al conocimiento presupuestario de los gobiernos locales. Esta combinación tiene su naturaleza en el principio promocional consagrado en el artículo 3 numeral 3 de la ley 107-13 y la ley 247-12 sobre la administración pública en su artículo 12 numeral 13 disponiendo la remoción de todo obstáculo que impida el cumplimiento de la participación ciudadana en los procesos de tomas de decisiones, las personas podrán, directamente o a través de las comunidades organizadas o las organizaciones públicas no estatales legalmente constituidas, presentar propuestas y formular opiniones sobre la gestión de los entes y órganos de la Administración Pública.

La Virtualidad como escenario para garantizar la participación ciudadana.

Los tiempos actuales donde vivimos momentos de crisis sanitaria con la presencia de COVID19, sumado a las iniciativas de las autoridades promoviendo el distanciamiento social como medida preventiva para evitar su propagación, permite la oportunidad de crear condiciones virtuales para romper con los obstáculos que pudiesen limitar el cumplimiento de estos principios que fortalece la democracia.

Unas de las principales experiencias virtuales se evidenciaroncon el encuentro del Grupo G7, Banco Mundial el pasado mes de marzo. En República Dominicana, tenemos experiencias locales exitosas como es el caso de la convocatoria virtual a la ciudadanía para el conocimiento de anteproyectos de ordenanzas anunciado por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN).

Las Vías de participación ciudadana.

Consagradas en el art.230 al 235, son los distintos mecanismos que poseen la ciudadanía para integrarse a la formulación de políticas que gestionaran los gobiernos locales para satisfacer sus necesidades. Estos mecanismos podemos identificarlos como:

a) El derecho de petición (art.232). Como su nombre indica son las peticiones formuladas por los ciudadanos y ciudadanas con carácter normativo sobre asuntos de interese para los peticionarios. Los ejemplos son abundantes en ese sentido como es el caso de las peticiones de las juntas de vecinos cuando desean instalar un brazo de seguridad a la entrada de sus residenciales. Otro ejemplo son las peticiones con respecto al ordenamiento territorial en el sentido en que no se otorgue más certificados de uso de suelo para fines comerciales, entre otros.
b) El referéndum municipal (art. 233). Es la convocatoria a la ciudadanía por parte del Ayuntamiento a los fines de que se pronuncie sobre la propuesta de normativa de aplicación municipal u otro tema de interés municipal. Aunque la ley no establece expresamente, pero los actores de la sociedad civil o cualquier ciudadana puede solicitar el referéndum siempre que cuente con la aprobación del 5% de los ciudadanos y ciudadanas que figuren en el registro electoral del municipio. Aunque no se exprese por igual un plazo para presentar la solicitud, es obvio que se tiene que hacer dicha presentación antes de que la propuesta normativa sea aprobada por el concejo de regidores, de lo contrario, solo están abierto la vía de los recursos administrativos (recurso de consideración y el recurso jerárquico) aunque estos son facultativos, por tanto, se puede interponer un recurso administrativo por ante el tribunal superioradministrativo para atacar dicha normativa.
c) El plebiscito municipal (art. 234). es el mecanismo institucional de consulta a la ciudadanía sobre lineamientos generales de medio ambiente, proyectos de infraestructura o de ordenamiento territorial, siempre que no modifiquen la actual división política administrativa. Del concepto se desprende un hecho importante y es que el plebiscito no puede fundamentarse en lineamientos generales de las atribuciones de los gobiernos locales, espacio de acción está debidamente identificado en la propia norma. El procedimiento es bastante parecido al referéndum, pero con resultados diferentes en el sentido que un referéndum es una opinión que puede ser o no aceptada por el gobierno local, mientras que el plebiscito el resultado obliga adoptar las decisiones que correspondan para dar cumplimiento a sus resultados.  

d) El cabildo abierto (art. 235). Es un mecanismo de interacción entre los ciudadanos y el concejo municipal con el objetivo de discutir asuntos de interés para la comunidad. Las organizaciones sociales del municipio podrán solicitar su celebración.

e) El presupuesto participativo. (ley 170-07). Este sistema tiene como objeto establecer los mecanismos para el proceso de formulación de políticas locales, por medio de la interacción y empoderamiento de los entes sociales dentro del municipio.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ley 176-07 de fecha 01 de julio 2007 Sobre el Distrito Nacional y Los Municipios.
2. Ley 170-07 de fecha 22 de junio 2007 que instituye el sistema de presupuesto participativo.
3. Constitución de la Republica Dominicana del 26 de febrero del 2010.
4. Cerroni, U. (1992). Política. Método, teoría, procesos, sujetos, instituciones y categorías. México. Editora Siglo XXI. Primera edición. Pág. 79.
5. Pérez Godas, X. (2007). Políticas del Disenso. Barcelona. Editora Icaria. Pág. 20.
6. Ley 247-12 sobre Administración Pública.
7. Ley 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

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