La pandemia del Covid 19, ha provocado un desajuste importante en la economía de República Dominicana. En el año 2020 se interrumpió el crecimiento promedio del 6.1% de su PIB, con una contracción de signo opuesto, y en el 2021 se está solamente volviendo a los valores del 2019.
Esencialmente, el aumento del endeudamiento ha seguido la tendencia de los últimos15 años, pero la disminución del PIB hace que, en términos de éste, se haya pasado bruscamente de representar el endeudamiento el 40% del PIB a porcentajes mucho mayores, menores, hay que recordar, del promedio latinoamericano, aunque la paradoja de Simpson, pueda permitir destacar de manera amarillista que República Dominicana fue el país que más aumentó su deuda en América Latina.
La historia económica de República Dominicana en los últimos 25 años pone el país como modelo dentro de las economías del hemisferio en el último cuarto de siglo.
Esto ha sido producto del turismo, las remesas, la inversión extranjera directa, los ingresos por minería, las zonas francas y las telecomunicaciones, y fue resultado del cambio de modelo económico que tuvo como punto de inflexión la década del 1970, con la transición de ser un país de economía eminentemente agrícola, a ser uno de economía de bienes y servicios.
Las autoridades sanitarias han manejado la pandemia de manera eficiente, la vacunación ha sido exitosa colocándonos en el tercer lugar en el continente por vacunación en relación a la población. Sin embargo, la meta de completar la segunda dosis a la población faltante adolece de las mismas dificultades que registran otros países, y, como comprueba la experiencia de países con tasa de vacunación mayor, la perspectiva de un próximo retorno a la normalidad no es realista. Esto nos obliga a considerar la posibilidad de que sea necesario acostumbrarnos a convivir con el coronavirus, lo cual implica que los problemas por los cuales hemos pasado se vuelvan estructurales.
Entre ellos la mayor amenaza que pende sobre los países en vía de desarrollo, es la de la inseguridad alimentaria, que provocaría la mayor hambruna en los últimos 50 años, creando las condiciones para nuevos conflictos sociales e inestabilidad política.
El nexo entre la pandemia y el riesgo de hambruna es consecuencia de una merma de la oferta y aumentos de precios, debida a varios factores, entre los cuales el aumento de los fletes y el uso de ciertos productos agrícolas para usos industriales.
La FAO define la Seguridad Alimentaria Nutricional como “el acceso físico, económico y socio cultural de todas las personas en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales, a fin de llevar una vida activa y sana”. El derecho a la alimentación está reconocido en normativas nacionales e internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.
En el Día mundial de la alimentación de 2019, el Secretario General de Naciones Unidas recordó datos aterrantes, 820 millones de personas, principalmente mujeres, padeciendo hambre, 155 millones de niños desnutridos, el hambre causa de la mitad de las muertes de niños menores de 1 año.
Esto ocurría antes de la pandemia, cuyos efectos devastadores para este problema han sido objeto el pasado 12 de julio de un Comunicado de prensa conjunto de las máximas autoridades de FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF.
La pandemia de la Covid 19, ha frustrado las aspiraciones de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que se celebró en noviembre de 1996 en la sede de la FAO en Roma, con la asistencia de representantes de 185 países.
En esa Cumbre, 112 Jefes de Estado y de Gobierno o sus adjuntos aprobaron la Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.
Los problemas mencionados amenazan sobre todo África, continente amenazado también por las desigualdades en el acceso a las vacunas contra la Covid 19.
Sin embargo, no podemos ignorar que en nuestro país la pandemia ha afectado de manera desigual las diferentes capas sociales. Entre 2019 y 2020 el porcentaje de las personas en condiciones de extrema pobreza ha aumentado del 30%, pasando de 2.7% a 3.5%, pero la franja afectada por el incremento de precios de los bienes básicos para la alimentación es mucho más amplia.
Uno de nosotros (WDJS) asistió como invitado a la Asamblea de CONFENAGRO en la que fue juramentado como presidente para el periodo 2021-2023 el Ingeniero Wilfredo Cabrera, quien abogó por “un pacto por la seguridad alimentaria del pueblo dominicano”, propuesta que CONFENAGRO ya había presentado al presidente, entonces candidato, en 2019.
El ingeniero Cabrera afirmó que “los próximos meses son fundamentales para el desarrollo del país que nos necesita una vez más, como nos necesitó para garantizar la alimentación de la población cuando todos estuvimos inmersos en esta pandemia que en sus inicios nos cambió el paso a todos. Ahí estuvimos los productores, conscientes de nuestra responsabilidad, produciendo para nuestros conciudadanos… Ahora, el país nos necesita para revertir una situación coyuntural de desabastecimiento y subida de precios y para enfrentar las crisis que nos afectan y a veces nos ponen contra las cuerdas.”
Este compromiso de CONFENAGRO se conyuga con la priorización de parte del Gobierno de la seguridad alimentaria, enunciada por el presidente Abinader en Moca en mayo pasado, y refleja la necesidad de que, para superar la situación de inflación consecuencia de los mayores costos de las commodities, es decir, materias primas o bienes primarios, es necesario propiciar un entorno político, social y económico, que permita crear conciencia de que la seguridad alimentaria debe ser un compromiso de todos los actores de la cadena de alimentación, que deben consensuar suministros oportunos y precios justos a los consumidores finales.
Esto requeriría una serie de medidas de planificación, legales, económicas y de acceso al crédito, que permitan definir una nueva estrategia en el modelo de producción agropecuaria, que incluya modernización técnica y tecnológica, alianzas con sectores académicos priorizando la investigación genética, para lograr una mejor y mayor producción.
En el país tenemos grandes competencias. Somos un país de vocación agrícola que creció pasando a ser una economía de bienes y servicios. Ahora necesitamos tener otra etapa de crecimiento, basado en una vuelta a nuestra vocación, pero con modalidades de investigación, modernización, tecnificación y gestión de toda la cadena alimentaria de vanguardia.
Esto solamente se podrá lograr a través de un Pacto nacional entre todos los actores, Gobierno, productores, cadena de suministro y consumidores.
Sobre los autores: Willians De Jesús Salvador, médico endocrinólogo y nutricionista, ex embajador dominicano en Alemania, Rep. Checa y Polonia y analista de política global.
Galileo Violilini, físico, Asesor en políticas públicas científicas, ex representante de UNESCO ante República de Irán y Economic Internacional Organización.