La revisión contra sentencias de fondo del TSE y su insuficiencia como recurso en lo penal electoral

Por Francisco Cabrera Mata

Salvo el caso de la revisión constitucional contra sentencias en jurisdicción ordinaria o en materia de amparo, la actividad recursiva para atacar decisiones de fondo dictadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) aparece diseñada como mecanismo de retractación; una dinámica procesal propia de este tipo de órganos que, al conocer en única o en última instancia, con sus fallos no genera alzada[1]. Pero, por ser una sede que conoce asuntos en lo contencioso electoral, penal electoral, de rectificación de actas del estado civil y como juez de amparo, la denominación y tramitación del recurso, que varía según la naturaleza de lo juzgado, en la materia represiva invita a reflexión.

En esa conexión, si el asunto es de lo contencioso electoral, posibles serán los recursos de oposición, la revisión y la tercería; en tanto que, en el orden de lo penal electoral están regladas la oposición y la revisión; mientras que en materia de rectificación de actas, las vías abiertas son la reconsideración, la revisión y la tercería. Todo esto  responde a las condiciones en que haya sido dictada la sentencia o a la calidad del recurrente con respecto al proceso de donde nace el fallo. Se aprecia, entones, que el apelativo revisión es común a todas las materias; sin embargo, en los requisitos y plazos para el ejercicio conservan diferencias. Es el término, también, que se acuña para acudir al Tribunal Constitucional (TC) en los casos de amparo o de sentencias firmes.

Pero, a pesar de las diferencias procesales, se trata de una vía extraordinaria que en sede electoral procura la retractación de decisiones rendidas en única o última instancia que, por su carácter excepcional, aparece condicionada a la existencia de causas que a tales fines ha fijado la norma aplicable, ampliamente creada por el propio tribunal. A esto, cuando la carta sustantiva declara al TSE competente para juzgar con carácter definitivo los asuntos contenciosos electorales y sobre los diferendos que surjan a lo interno de las organizaciones políticas o entre éstas, lo habilita para reglamentar, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia.

En esto, la Ley 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, deja pasar dicha competencia como agua que cae del cielo al mar. En efecto, aun cuando lo de conocer en instancia única sobre los recursos de revisión contra sus propias decisiones deriva del artículo 13.4 de dicha ley, el procedimiento contencioso electoral que establece los requisitos, formalidades, recursos y plazos para el acceso a esta jurisdicción, ha sido desarrollado por Reglamento dictado bajo esas competencias.

Así, estando sujeto a plazos breves, para la materia contenciosa electoral, desde su artículo 156, el referido Reglamento enumera unos 8 casos de apertura de este recurso que, a juicio del TSE, tienen un carácter limitativo[2]; mismo criterio que sobre la materia maneja la Suprema Corte de Justicia[3]. También, bajo idéntica denominación podrá ser recurrida la sentencia dictada ante una solicitud de rectificación de actas del estado civil. Aunque aquí los plazos son más amplios, la admisibilidad del recurso aparece condicionada a la existencia de una de 4 causas que prevé la regla. Para ambos casos, la sentencia aún no es firme y las limitaciones para impugnar quedarían blindadas en la regla que exhibe al recurso como derecho de configuración legal.

Ahora bien, en materia penal electoral, además de que solo puede ser pedida la revisión cuando se identifica uno de los supuestos que limitativamente expresa la ley, específicamente el artículo 428 del Código Procesal Penal[4], se requiere de una sentencia condenatoria firme. Esto es, como sostiene nuestro TC, aquellas decisiones que “han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que ponen fin a cualquier tipo de acción judicial relativa al mismo objeto y con las mismas partes, y contra las cuales no es posible interponer ningún otro recurso ordinario o extraordinario”[5].

Luego, contrario a los casos anteriores, en estas circunstancias el carácter excepcional de este recurso viene dado por el hecho de que la admisión modula el efecto de autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ya que se estaría revocando una sentencia contra la que se supone no hay ningún tipo de recurso disponible. Ciertamente, fundado en hechos y elementos de prueba nuevos que den cuenta de que la condena es injusta, la revisión penal pretende la anulación o modificación de una sentencia revestida de la indicada autoridad. Esto nos lleva a un terreno complejo que coloca en un delgado hilo el derecho al recurso en materia penal electoral.

Es así debido a que el otro recurso reglado, la oposición, mira hacia sentencias dictadas en la tramitación del proceso. De modo que, la condición de sentencia firme y definitiva susceptibles de revisión solo podemos encontrarla en las que resuelven el fondo del asunto y en las sentencias incidentales que ponen fin definitivo al procedimiento o establecen que otra jurisdicción es competente para conocer el caso[6]. En consecuencia, como en esta materia la revisión aparece sujeta a severas restricciones e interviene después de consolidado el fallo, hablar de instancia única es un tema que, de cara al derecho al recurso, se expone a control de convencionalidad.

Por eso, al aplaudir el esfuerzo asentado en la Resolución TSE-002-2020, del 14 de febrero del 2020, que apunta hacia la configuración de este tribunal en el conocimiento y decisión de los asuntos penales electorales, debemos admitir que la tarea a desarrollar en esta área tiene que ser más ambiciosa e impostergable. Conviene, pues, activar la agenda que conduzca a un diseño procesal que haga posible la pervivencia de esta jurisdicción con un recurso que repare el derecho a recurrir las sentencias penales en otro contexto y bajo menos complejidades. Así, fortalecemos un andamiaje tan útil como necesario para perseguir y sancionar las conductas que pongan en peligro la función electoral o que atenten contra la calidad del voto; es un tema de debido proceso.

[1] HERRERA, Mauricio Alejandro Zarazúa. Taxatividad recursiva en materia electoral en Guatemala. Revista de Derecho Electoral, 2020, no 30, p. 10.

[2] Tribunal Superior Electoral. Sentencia TSE-013-2012, de fecha 27 de marzo de 2012

[3] Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. Sentencia 43, de fecha 12 de diciembre del 2012. B.J. 1225.

[4] Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0500/15, de fecha 6 de noviembre del 2015

[5] Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0053/13, de fecha 9 de abril del 2013

[6] Tribunal Constitucional. Sentencia TC/0130/13, de fecha 2 de agosto del 2013

 

Por Francisco Cabrera Mata

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