No es una práctica nueva, los autores que recogen argumentos sobre las ideas jurídicas y políticas de la Roma esclavista ya lo advertían, desde su unión en comunidad con el imperio romano, ése, que en sus inicios se distinguía por el espíritu democrático y modo igualitario de vida; cuando todavía la clase sacerdotal no se destacaba como algo aparte, se empezó a buscar el trato especial que aseguraban se merecían aquellos que tenían «la gracia divina», profetas y apóstoles.
En este período, un rasgo característico lo fue la prédica de no resistir el mal por la fuerza. Pablo, el apóstol, probablemente de quién más se habla en el libro de los hechos de los Apóstoles, es quién traduce la actitud del cristianismo ante el Estado y la sociedad, exigiendo subordinación a los representantes del poder; no por temor, sino por conciencia. Él mismo, tiempo después, terminó revelándose contra los abusos y excesos derivados de la concentración de tanto poder y las limitaciones de expresión y decisión del pueblo.
El rol del actor político siendo servidor público es cumplir y hacer cumplir las leyes; resguardando las normas y procedimientos que rigen el Estado y su Administración.
Las sanciones para quienes valiéndose de la autoridad competente violenten la Constitución y las leyes deben ser ejemplarizantes, sí, estoy de acuerdo, no obstante; como nación debemos cuidar los procedimientos y resguardar la institucionalidad, procurando siempre gobernabilidad y paz social. Manifiesto esta afirmación, porque la ley es igual para todos.
Hemos visto con asombro que algunos recién llegados a la administración pública, están dando continuidad a un libreto que ha sangrado la institucionalidad dominicana. No se están viendo en el espejo de quienes hoy deben pagar por sus crímenes y delitos; no me refiero a una organización en particular, hay un grupo variopinto que en algún momento deberá rendir cuentas a este país, algunos de antes, otros de ahora.
El sistema requiere de reformas profundas, es cierto, pero no se conseguirán desacreditándolo. Estoy segura que todos los dominicanos y dominicanas queremos un Estado más fuerte, en el que sus instituciones funcionen sin importar el partido político que gobierne.
La respuesta a la persecución, el acoso, la corrupción, impunidad y cualquier otro delito que lastime al país y sus ciudadanos debe ser la justicia; la judicialización de los actos y procesos, en igualdad de derechos, para que además adquieran legitimidad social. Debemos tener presente qué las prioridades de innovación política que lograrán las grandes transformaciones a las que aspiramos en la República Dominicana, variarán, no solo por los intereses o naturaleza del sistema mismo, sino por la primacía de nuestras acciones colectivas.