La vecina república de Haití, el país más empobrecido del hemisferio occidental y del continente americano, vive inmersa en una crisis económica, política y social permanente, la que, sin lugar a dudas, empeora de más en más la miseria en la que sobrevive más de la mitad de su población.
En menos de dos años, el gobierno del actual Presidente Jovenel Moise, surgido de las enmarañadas elecciones del pasado 20 de noviembre de 2016, ha realizado sus limitadas ejecutorias en un clima de ingobernabilidad política y bajo el acoso de un ácido e impertinente sector de la oposición.
Producto de la presión política y del improvisado aumento de los precios de los combustibles, el primer ministro Jack Guy Lafontant se vio obligado a renunciar, el 14 de julio de 2018. Tres meses fueron necesarios para que el Parlamento haitiano llegara al consenso para cubrir esa vacante, el pasado 6 de septiembre, con la designación de Jean Henry Ceant como primer ministro de Haití.
Ahora, con el sambenito de combatir la corrupción y solicitando identificación y sanciones para los supuestos autores de un “desfalco millonario” de los recursos generados por el programa de Petrocaribe, se reciclaron las violentas protestas callejeras demandando también la renuncia del Presidente de la República.
A la fecha, esas revoltosas manifestaciones han dado los siguientes resultados: Destrucción y saqueo de varios negocios, quema de vehículos públicos y privados, decenas de presos, varios heridos, cinco días de paralización de las principales actividades del país, once personas muertas, reducción de la menguada visitas de turistas y retiro de inversionistas extranjeros, profundización de la crisis económica-social y retorno a la ingobernabilidad política, todo lo cual incrementa la pobreza y hace más tétrico e impredecible el futuro para el desdichado pueblo haitiano.
La permanencia por tan largo tiempo de esa crisis, las debilidades de las instituciones haitianas, la ausencia de conciencia, de diálogo franco y de gestiones acordes con la grave situación por parte de los “líderes y dirigentes” políticos, empresariales y de las organizaciones de la sociedad civil, generan grandes preocupaciones en el gobierno y pueblo dominicanos porque, independientemente de los deseos, esa crisis e inseguridad en el futuro de la población se convierte en el principal estímulo para el incremento de la constante emigración pacífica de haitianos hacia la Rep. Dominicana.
Por todo lo anterior, consideramos que la comunidad internacional, en particular la ONU, la OEA y los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Canadá y de la Rep. Dominicana tienen la obligación de insistir en el respeto a la legitimidad y la permanencia del actual gobierno.
La renuncia del actual Presidente profundizaría mucho más la crisis económica, social y política y aumentaría en forma considerable la ancestral pobreza de los haitianos, razón por la cual es imprescindible que los partidos políticos de Haití, su élite intelectual y profesional, así como el sector empresarial retomen la sensatez, piensen en los intereses fundamentales de la nación y superen la mezquindad política para ponerle un stop al despeñadero en que se encuentra la nación haitiana.
Insistir en la renuncia del Presidente Juvenel Moise es una necedad e imprudencia política que no aportaría nada positivo ni solución a las demandas de sanciones a la corrupción y tampoco mejoraría la pobreza. Todo lo contrario: La renuncia tendría consecuencias impredecibles y fatales para el presente y futuro del pueblo haitiano, merecedor de mejor suerte.
Por Juan López